(Libertad Digital) El Gobierno, en su propósito de continuar con la senda de la rebaja de impuestos, ha eliminado el Impuesto de Actividades Económicas a cerca de 2,2 millones de contribuyentes. En año electoral, el Ejecutivo ha cumplido una de sus promesas electorales gracias a la cual 2,2 millones de votantes se ahorrarán 1.000 millones de euros con la eliminación del IAE para las personas físicas, profesionales, autónomos y pequeñas empresas que facturen por debajo del millón de euros. Hasta 600.000 comercios ya no tendrán que pagar este tributo en 2003.
Sin embargo, el Gobierno ha encontrado a quien castigar para compensar la pérdida de recaudación que sufrirán los ayuntamientos, que se financian en parte a través del IAE. Por un lado, las compañías que facturan por encima del millón de euros sufrirán un incremento de hasta el 35 por ciento de las cuotas que abonan por el Impuesto de Actividades Económicas a sus correspondientes ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda, consciente del peligro que conlleva el perjudicar a las grandes empresas (las únicas que invierten en I+D en España), ha dejado abierta la posibilidad para que los gobiernos municipales den bonificaciones del 50 por ciento a las empresas que generen empleo. Pírrica compensación, aunque la rentabilidad electoral manda con la vista puesta en el mes de mayo.
Otro ejemplo del electoralismo que trae consigo la Reforma de las Haciendas Locales es la posibilidad que ha otorgado Hacienda a los ayuntamientos para que suban el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios de viviendas vacías. En pleno debate sobre el incontrolable aumento del precio de la vivienda, el Gobierno ha dado luz verde para que se castigue a los dueños de inmuebles vacíos con una subida del coeficiente aplicado hasta el 1,65 por ciento, frente al máximo anterior del 1,1 por ciento. Esto supone, en la práctica, una subida del 50 por ciento. Además, los consistorios podrán aplicar distintos tipos de IBI dependiendo si se trata de locales comerciales o viviendas. Lo que no ha explicado el ministro Cristóbal Montoro es cómo va a diferenciar Hacienda entre las viviendas desocupadas y las que no lo son. Y si su Ministerio va a contar con una nueva Policía tributaria que se encargue de vigilar si las viviendas están habitadas realmente. Mientras, el ministro Cascos ha reconocido que el famoso Pacto del Suelo se quedará en un acuerdo de mínimos.
Sin embargo, el Gobierno ha encontrado a quien castigar para compensar la pérdida de recaudación que sufrirán los ayuntamientos, que se financian en parte a través del IAE. Por un lado, las compañías que facturan por encima del millón de euros sufrirán un incremento de hasta el 35 por ciento de las cuotas que abonan por el Impuesto de Actividades Económicas a sus correspondientes ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda, consciente del peligro que conlleva el perjudicar a las grandes empresas (las únicas que invierten en I+D en España), ha dejado abierta la posibilidad para que los gobiernos municipales den bonificaciones del 50 por ciento a las empresas que generen empleo. Pírrica compensación, aunque la rentabilidad electoral manda con la vista puesta en el mes de mayo.
Otro ejemplo del electoralismo que trae consigo la Reforma de las Haciendas Locales es la posibilidad que ha otorgado Hacienda a los ayuntamientos para que suban el Impuesto de Bienes Inmuebles a los propietarios de viviendas vacías. En pleno debate sobre el incontrolable aumento del precio de la vivienda, el Gobierno ha dado luz verde para que se castigue a los dueños de inmuebles vacíos con una subida del coeficiente aplicado hasta el 1,65 por ciento, frente al máximo anterior del 1,1 por ciento. Esto supone, en la práctica, una subida del 50 por ciento. Además, los consistorios podrán aplicar distintos tipos de IBI dependiendo si se trata de locales comerciales o viviendas. Lo que no ha explicado el ministro Cristóbal Montoro es cómo va a diferenciar Hacienda entre las viviendas desocupadas y las que no lo son. Y si su Ministerio va a contar con una nueva Policía tributaria que se encargue de vigilar si las viviendas están habitadas realmente. Mientras, el ministro Cascos ha reconocido que el famoso Pacto del Suelo se quedará en un acuerdo de mínimos.