Aunque el ministerio Fiscal no ha divulgado los nombres de las siete personas implicadas en los hechos -en los que la Policía sí identificó a Miguel- un portavoz de la institución ha confirmado a EFE que han sido acusados formalmente de diferentes delitos, entre ellos secuestro, robo y tenencia de armas.
La prensa portuguesa ha informado ampliamente de que contra el futbolista pesa el cargo de posesión ilegal de armas y su participación en los incidentes fue confirmada por las autoridades de la Policía cuando se produjeron, hace más de un año.
Ni el futbolista ni sus representantes legales han comentado los hechos a la prensa lusa y Miguel ha cambiado además de abogado, confirmaron a Efe en su antiguo bufete.
La Fiscalía tampoco ha revelado qué cargos de los tres formulados en el caso -robo, secuestro y posesión de armas- corresponden a cada uno de los implicados, aunque la prensa lusa atribuye sólo este último al lateral derecho del Valencia.
Según el Ministerio Público, los acusados "formaban parte de un grupo especialmente violento" y en las viviendas de algunos de ellos se encontraron "armas de fuego prohibidas, puños americanos, un bastón metálico extensible y armas de descarga eléctrica" que sólo tenían por objetivo "ser usadas en agresiones".
Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de diciembre de 2009, cuando se produjo un altercado en las inmediaciones de una discoteca en Seixal -al sur de Lisboa-, que acabó en tiroteo.
La Fiscalía asegura que los acusados son también sospechosos de "haber entrado por la fuerza en una residencia de dos denunciantes, localizada en Lisboa", por una "venganza personal". A una de las víctimas le propinaron "puñetazos y patadas" y la encerraron en un cuarto, mientras a la otra "la mantenían bajo amenaza en la cocina", según los cargos de los fiscales.
Los acusados sustrajeron el dinero que encontraron en esa residencia y provocaron lesiones graves a una de las víctimas, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.
Además, uno de los siete miembros del grupo fue detenido por la policía cuando se dirigía a la residencia de un testigo del caso, con el objetivo "de entregarle 2.000 euros para que cambiara su testimonio".
La agencia estatal Lusa ha informado de que la Fiscalía intentó notificar la acusación en varias ocasiones y sin éxito al ex futbolista del Benfica y ex internacional luso en su domicilio en Portugal, pero decidió procesarlo igualmente tras cumplir las diligencias necesarias.
Según ese medio en la puerta de la residencia de Miguel se acumulan varias órdenes judiciales sin abrir relacionadas con otros procesos por problemas con el fisco.