L D (EFE) Los portavoces del PSOE y del PP, Agustín Jiménez y Francisco González, respectivamente, han insistido en que la Ley del Deporte, de 1990, fue aprobada por unanimidad y no recurrida por ningún grupo, ni comunidad autónoma. Añaden que la selección española es la única que debe participar en las competiciones oficiales internacionales.
Agustín Jiménez, que se ha referido a la iniciativa aprobada en junio por el Congreso que insta a los poderes públicos a promover la presencia de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales y a colaborar a las Administraciones para fomentar el deporte, rechazaba las iniciativas. Para ello, aduce que el "régimen jurídico" del deporte está en esa ley, que tutela los intereses generales del deporte en el ámbito supra-autonómico y es respetuosa con las comunidades en el uso de sus competencias.
En su opinión, la legislación actual ampara al Estado en la ordenación de la participación del deporte español en competiciones deportivas oficiales internacionales, así como la jurisprudencia y la Constitución. Insiste en que la Carta Olímpica y los estatutos del Comité Olímpico Internacional prevén la integración de "una única federación nacional", una sola asociación por cada país, por lo que "no resulta posible una posición favorable" para la iniciativa.
Francisco González, por su parte, ha pedido responsabilidad a los socialistas y respeto a la Ley del Deporte por parte de los nacionalistas y ha dicho que en Europa son excepciones las federaciones que no están respaldadas por un estado. Se ha referido al presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, que se fotografió con la bandera independentista catalana y la selección de hockey sobre patines y ha dicho que ello ha hecho daño a las posibilidades de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2012.
El defensor de la iniciativa de CiU, Josep Maldonado, recordaba que la reivindicación de que Cataluña pueda participar en competiciones oficiales internacionales "viene de lejos" y que en ello están de acuerdo la ciudadanía, el Parlamento, los deportistas, los clubes, las federaciones catalanas, los partidos políticos y la Generalidad. Destaca que la Constitución no reserva como competencia exclusiva del Estado el deporte, que si lo contiene el Estatuto de Autonomía, por lo que pide la modificación de la ley.
Tanto Maldonado como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, han destacado que las federaciones son entidades privadas, con personalidad jurídica, independientes del poder político del Gobierno. Aluden a razones históricas y se mostraron decepcionados por la posición del PSOE, del que reclaman más sensibilidad en este asunto y abogan por no hacer del deporte un motivo de lucha política. Esteban ha recordado que las selecciones autonómicas están en el proyecto de modificación del Estatuto vasco y que hay 42 federaciones deportivas de países no soberanos integradas en federaciones internacionales, "sin que nadie se rasgue las vestiduras". Para el PNV, en este asunto "la cerrazón absoluta del Gobierno no facilita sentirse cómodo en el Estado".
Los portavoces de EA, BNG, CC, IU-IV y ERC se han mostrado a favor de la propuesta por respeto al reparto competencial y a los sentimientos de los ciudadanos, entre otras razones.
Agustín Jiménez, que se ha referido a la iniciativa aprobada en junio por el Congreso que insta a los poderes públicos a promover la presencia de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales y a colaborar a las Administraciones para fomentar el deporte, rechazaba las iniciativas. Para ello, aduce que el "régimen jurídico" del deporte está en esa ley, que tutela los intereses generales del deporte en el ámbito supra-autonómico y es respetuosa con las comunidades en el uso de sus competencias.
En su opinión, la legislación actual ampara al Estado en la ordenación de la participación del deporte español en competiciones deportivas oficiales internacionales, así como la jurisprudencia y la Constitución. Insiste en que la Carta Olímpica y los estatutos del Comité Olímpico Internacional prevén la integración de "una única federación nacional", una sola asociación por cada país, por lo que "no resulta posible una posición favorable" para la iniciativa.
Francisco González, por su parte, ha pedido responsabilidad a los socialistas y respeto a la Ley del Deporte por parte de los nacionalistas y ha dicho que en Europa son excepciones las federaciones que no están respaldadas por un estado. Se ha referido al presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, que se fotografió con la bandera independentista catalana y la selección de hockey sobre patines y ha dicho que ello ha hecho daño a las posibilidades de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2012.
El defensor de la iniciativa de CiU, Josep Maldonado, recordaba que la reivindicación de que Cataluña pueda participar en competiciones oficiales internacionales "viene de lejos" y que en ello están de acuerdo la ciudadanía, el Parlamento, los deportistas, los clubes, las federaciones catalanas, los partidos políticos y la Generalidad. Destaca que la Constitución no reserva como competencia exclusiva del Estado el deporte, que si lo contiene el Estatuto de Autonomía, por lo que pide la modificación de la ley.
Tanto Maldonado como el portavoz del PNV, Aitor Esteban, han destacado que las federaciones son entidades privadas, con personalidad jurídica, independientes del poder político del Gobierno. Aluden a razones históricas y se mostraron decepcionados por la posición del PSOE, del que reclaman más sensibilidad en este asunto y abogan por no hacer del deporte un motivo de lucha política. Esteban ha recordado que las selecciones autonómicas están en el proyecto de modificación del Estatuto vasco y que hay 42 federaciones deportivas de países no soberanos integradas en federaciones internacionales, "sin que nadie se rasgue las vestiduras". Para el PNV, en este asunto "la cerrazón absoluta del Gobierno no facilita sentirse cómodo en el Estado".
Los portavoces de EA, BNG, CC, IU-IV y ERC se han mostrado a favor de la propuesta por respeto al reparto competencial y a los sentimientos de los ciudadanos, entre otras razones.