L D (EFE) El COI, que cubrió a solas el primer año de funcionamiento de la Agencia y que actualmente comparte la financiación con los gobiernos, ha decido seguir una política de "dólar por dólar" según la cual sólo aportará tanto como aporten los poderes públicos. Ambas partes están representadas por igual en los órganos de dirección de la Agencia, que tiene un presupuesto para 2003 de 21,1 millones de dólares. De ellos, el Movimiento Olímpico debe aportar 10,1 millones, los gobiernos igual cantidad y Montreal, sede de la AMA, 948.000 dólares. Según la lista de países morosos publicada por la Agencia a 2 de julio, España figura entre los que no han hecho efectivo su pago, que en su caso debe ascender a 279.223 dólares. Francia, Grecia e Italia son otros estados europeos que tampoco han pagado, al contrario que Alemania o los países nórdicos.
Pound y el presidente del COI, el belga Jacques Rogge, han estudiado qué medidas de presión podrían poner en práctica para obligar a los gobiernos a pagar cuanto antes, sin perjudicar en ningún caso a los deportistas. Por ello se descartó vetar la participación de los deudores en los Juegos. "Pero sí podríamos negar acreditaciones a los representantes gubernamentales que quieran acudir a Atenas o plantearnos la posibilidad de prohibir que los equipos de esos países desfilen detrás de su bandera en la inauguración", ha dicho Pound. "Quizá algún gobierno se plantea pagar antes de tener que asumir este riesgo ante los ciudadanos", añadía.
Pound afirma que, por culpa del retraso en los pagos, la Agencia había experimentado en mayo una crisis económica que dificultó el abono de salarios a sus empleados. Asimismo, se ha congelado la inversión en programas de investigación, a la espera de tener asegurado el dinero necesario para completar los estudios. "Sólo cuando sepa que el dinero va a llegar, podré comprometerlo", subrayaba Pound. "Cuando lleguen los Juegos de Atenas la Agencia llevará ya cuatro años funcionando y no habrá gobierno que pueda alegar desconocimiento de sus obligaciones", añadía.
Pound y el presidente del COI, el belga Jacques Rogge, han estudiado qué medidas de presión podrían poner en práctica para obligar a los gobiernos a pagar cuanto antes, sin perjudicar en ningún caso a los deportistas. Por ello se descartó vetar la participación de los deudores en los Juegos. "Pero sí podríamos negar acreditaciones a los representantes gubernamentales que quieran acudir a Atenas o plantearnos la posibilidad de prohibir que los equipos de esos países desfilen detrás de su bandera en la inauguración", ha dicho Pound. "Quizá algún gobierno se plantea pagar antes de tener que asumir este riesgo ante los ciudadanos", añadía.
Pound afirma que, por culpa del retraso en los pagos, la Agencia había experimentado en mayo una crisis económica que dificultó el abono de salarios a sus empleados. Asimismo, se ha congelado la inversión en programas de investigación, a la espera de tener asegurado el dinero necesario para completar los estudios. "Sólo cuando sepa que el dinero va a llegar, podré comprometerlo", subrayaba Pound. "Cuando lleguen los Juegos de Atenas la Agencia llevará ya cuatro años funcionando y no habrá gobierno que pueda alegar desconocimiento de sus obligaciones", añadía.