L D (EFE) Jaime Lissavetzky dijo que "el deportista no es sospechoso de nada, pero queremos un sistema transparente y bueno para la salud pública. Se trata de un plan integral, que va a favor del deportista y los ciudadanos y busca la reforma de la regulación antidopaje, además de cubrir los vacíos que presenta la actual legislación".
El plan, que afectará a ocho ministerios, se inicia con la exposición de los motivos que argumentan su puesta en marcha ante "la lacra" que representa el dopaje y, tras referirse a las modificaciones legislativas necesarias para su aplicación, detalla las medidas a aplicar en materia de prevención, control y represión.
La tramitación de un proyecto de Ley contra el dopaje, que modificará parte de la normativa actual sobre la materia, y la creación de la Agencia Española Antidopaje (AEA), "cuyas competencias hay que acabar de definir", son parte de las reformas legislativas que provocará el Plan, que propone también cambios en el Código Penal para ampliar el ámbito de sanciones. "Su objetivo es cubrir el vacío que existe referente al entorno del deportista. Puede haber personas que inducen, como los distribuidores y traficantes que se están lucrando con la salud de los demás, y si se prueba serán castigados penalmente. Yo no soy partidario de encarcelar a los deportistas, pero se va a actuar con severidad y el deportista va a tener una sanción muy dura", afirmó Lissavetzky, que recordó que en 2003 la venta ilegal de sustancias movió 16.000 millones de dólares según datos de Interpol.
El Plan, que incorporará por primera vez al ordenamiento español la extracción de muestras sanguíneas en los análisis antidopaje, incluye también la "localización de los deportistas para hacer controles por sorpresa fuera de competición", sin "menoscabar el derecho a la intimidad y la dignidad". "Queremos saber donde están nuestros deportistas para poder localizarles, pero no queremos saber qué hacen una noche o tener teléfonos de amigos. Hay que respetar ese derecho a la intimidad, pero para hacer un control sorpresa hay que tener una serie de datos y saber la localización habitual", precisó el secretario de Estado, que apeló para esto a la "implicación de los clubes, entrenadores y el entorno del deportista".
La posibilidad de inspeccionar los botiquines utilizados en entrenamientos y competiciones; la persecución de la venta ilegal de productos no autorizados, la modificación de la Ley del Medicamento y la regulación del uso terapéutico de sustancias prohibidas en el deporte forman parte también del plan, que apuesta por la aplicación de "un sistema de arbitraje" para la resolución de expedientes y acabar con "el recurso continuo a la justicia ordinaria". "Nadie va a atacar el derecho de acudir a la justicia ordinaria, pero sí existen formas para disminuir la litigiosidad. Con un laudo arbitral las suspensiones cautelares de sanciones no se llevarán a efecto en un número tan elevado", apuntó Lissavetzky en relación a este sistema de arbitraje, que dependerá del Comité Español de Disciplina Deportiva.
El Plan, que prevé fijar un plazo máximo para resolver los expedientes antidopaje y contempla la resolución de los mismos por parte del Consejo Superior de Deportes si transcurrido ese tiempo el caso no está resuelto, incluye también medidas preventivas, de control y de represión. La prevención, la educación, la sensibilización, con la difusión de una campaña multimedia a favor del Juego Limpio; la investigación y la cooperación internacional son otras de las líneas marcas en este Plan, que extenderá los controles en todas las modalidades deportivas federadas, en coordinación con federaciones y ligas, de forma especial en ciclismo y fútbol.
Lissavetzky relató que "España está en la media de la Unión Europea" en números de controles positivos (3%) y expuso también las medidas de control que abarca el Plan, como los análisis sin preaviso tras detectar indicios de dopaje y la realización de controles en animales. Las medidas de represión estipulan la creación de un Grupo de Intervención Policial, dentro de la Policía Judicial, especializado en delitos de dopaje, y la de una unidad especializada en la persecución de delitos relacionados con el dopaje en el deporte en la Fiscalía General del Estado, según indicó Lissavetzky, que no precisó una fecha para la aplicación de este proyecto. "No voy a poner límites en el tiempo, pero esto ya está con el piloto automático. España quiere estar en la vanguardia de la lucha contra el dopaje y damos un paso muy importante a nivel internacional. Quiero que al final de mi mandato haya una regulación contra el dopaje que sea muy positiva para la sociedad", concluyó.