Los escándalosos incidentes en la final del playoff de ascenso a Primera División entre Las Palmas y el Córdoba en el Estadio de Gran Canaria han despertado el cruce de acusaciones entre el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, y los responsables del Cuerpo Nacional de Policía, que han asegurado que las puertas del estadio se abrieron antes de que finalizase el partido.
"La invasión se produce porque alguien abre las puertas del estadio con el recinto lleno. No había sitio donde sentarse, y fueron bajando hasta saltar al campo. Hay que preguntar al promotor del evento por quién dio la orden", ha afirmado en la Cadena Ser el jefe superior de la Policía Nacional, Valentín Solano, en respuesta a las críticas que hablan de falta de previsión policial sobre una posible invasión.
Solano ha cifrado en 110 los efectivos de la Unidad de Intervención Policial desplegados que, unidos al centenar de miembros de la seguridad privada del club, no fueron capaces de contener la invasión. En el cruce de acusaciones, se ha desvelado que Miguel Ángel Ramírez es el dueño de Seguridad Integral Canaria, la empresa de seguridad privada que tiene contratada el club y que supuestamente abrió las puertas del estadio.
Batalla campal
Quedaba apenas un minuto y medio para que finalizara el partido y, hasta ese momento, Las Palmas era equipo de Primera División merced a su victoria por 1-0 frente al Córdoba. Sin embargo, en el minuto 91 cientos de aficionados comenzaron a saltar desde las gradas al campo antes del final del choque. El colegiado del encuentro, el murciano José María Sánchez Martínez, decidió parar el partido y avisar de que se suspendería si no abandonaban el césped. El propio presidente de Las Palmas bajó al terreno de juego para pedir que saliesen del campo y, finalmente, el colegiado accedió a continuar el minuto y medio que restaba para el final.
Lo que nadie esperaba es que después del parón, ante el desconcierto reinante en el campo, Ulises Dávila marcase el gol del empate y le diese el ascenso al Córdoba. Los aficionados que estaban al borde del campo saltaron al césped y el árbitro dio por concluido el choque. A partir de ahí, llegó la invasión y una batalla campal entre los propios hinchas de Las Palmas. Quienes no habían saltado al campo recriminaban la actuación de quienes lo habían hecho y, desde ese momento, llegaron las carreras, las peleas y el lanzamientos de objetos y sillas ante el descontrol de la Policía y los miembros de la seguridad del club.
Miguel Ángel Ramírez, abatido en el césped, se dirigió a los periodistas para criticar la actuación policial: "La Policía tiene la responsabilidad a través de su coordinador de seguridad de que estas cosas no sucedan". Las declaraciones desataron la ira del público y los insultos comenzaron a dirigirse contra los agentes. En una nota que publica el diario La Provincia, la Policía Nacional acusa al dirigente canario de incitar a la violencia y lo ha puesto en conocimiento de la Subdelegación de Gobierno, por lo que el club se expone a una grave sanción.