Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento no hay ninguna prueba de la participación de estos corredores en la red de distribución de sustancias dopantes, aunque se les ha tomado declaración para que aporten su versión sobre los hechos investigados.
De hecho, el número de personas interrogadas podría aumentar en las próximas horas a medida que los investigadores vayan analizado la documentación intervenida en la decena de registros practicados desde el jueves.
Entretanto, la Guardia Civil ha puesto en libertad a cinco de los catorce arrestados el jueves en la operación "Galgo" a la espera de que sean citados para comparecer en el juzgado, previsiblemente el próximo domingo.
Además de la atleta Marta Domínguez, que volvió anoche a su domicilio tras declarar durante varias horas en la Comandancia de Palencia, están en libertad dos farmacéuticas y un intermediario de la red de dopaje arrestados en Madrid y el entrenador de ciclismo José Luis Pascua, detenido en Segovia.
En el domicilio de Domínguez, los agentes encontraron diversas sustancias dopantes, que la atleta facilitaba presuntamente a otros deportistas.
Sobre la implicación de la campeona mundial de 3.000 metros obstáculos, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que le ha afectado profundamente la "pésima noticia" de su detención, pero ha advertido de que "sería terrible" que porque "unos pocos hagan trampas" se manche el sacrificio de otros.
Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rubalcaba ha defendido la honestidad de los miles de jóvenes y no tan jóvenes, de deportistas y de entrenadores que conforman el atletismo español y que se sacrifican mucho día a día para mejorar sus marcas.
La mayoría de los detenidos en la operación contra el dopaje pasarán a disposición judicial el próximo domingo, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Será la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que ha dirigido las investigaciones, la que tomará declaración a los arrestados a partir de las nueve de la mañana de ese día, aprovechando que el domingo se encuentra de guardia y que se cumple el límite máximo de detención preventiva, establecido en 72 horas.
Los responsables de la red se enfrentan a un delito contra la salud pública en relación a sustancias dopantes, contemplado en el artículo 361 bis del Código Penal.
Ese artículo establece penas de seis meses a dos años de prisión para los que "sin justificación terapéutica", proporcionen a cualquier deportista "sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones".
Además de la pena de cárcel, los autores de ese delito serán condenados a multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por un plazo de dos a cinco años.