La investigación de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol (RFEF) apunta a un posible perjuicio de al menos de 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, con la empresa Santa Mónica Sports, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
Esa es una de las patas de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que, de momento, se ha saldado con la detención del presidente de la Federación, Ángel María Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la RFEF y presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación regional, Ramón Hernández Baussou.
Tanto Villar como su hijo Gorka se han negado a declarar ante la Guardia Civil, que este miércoles por la tarde intentará interrogar a los otros dos detenidos antes de que el jueves pasen los cuatro ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que finalmente presentó la querella contra la Federación en 2016. Esa auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports —empresa presidida por el fallecido Jesús Samper— por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección.
Pero, además, cuando la Federación decidió romper con Santa Mónica (en 2013), habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones de euros. Esas irregularidades habrían sido apreciadas por la auditoría del CSD y, ante la negativa de la Federación a dar explicaciones, el entonces responsable del Consejo, Miguel Cardenal, decidió denunciar los hechos.
Fue el detonante de una investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que este martes se saldó con cuatro arrestos, entre ellos el de Juan Padrón, al que los investigadores otorgan un papel determinante en las prácticas corruptas de la Federación. Entre ellas, algunas afectarían a las federaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes ya han declarado ante la UCO aunque no han sido detenidos.
Se les permitía contratar con sociedades de su entorno o de su propiedad, con lo que obtenían un beneficio propio e incluso desviaban fondos de la Federación. La sospecha es que, a cambio, Villar se aseguró su apoyo en las sucesivas elecciones.
Otras prácticas habrían sido directamente orquestadas por Villar y su hijo Gorka, responsable de la empresa de asesoramiento deportivo Sports Advisers SL. En este caso, se lucraban directamente mediante la organización de amistosos de la selección española en su etapa más laureada, en la que su caché era muy elevado. Se contactaba con selecciones de otros países, se pactaban los partidos y rebajaban parte del caché a cambio de que ese dinero fuese a la empresa de Gorka.
Los investigaciones no tienen duda sobre uno de los partidos, el que enfrentó a España contra Corea del Sur en 2012 en la preparación de la Eurocopa que ganó la selección española. Pero se investigan más casos, algunos de ellos en América Latina, durante la época en que Gorka Villar era el director general de la Confederación de Fútbol Sudamericana (Conmebol).
Son sólo algunas de las presuntas prácticas corruptas que investiga la UCO y la Fiscalía, pues de los registros y de la documentación intervenida en la Operación Soule han encontrado "mucho de lo que tirar", según las fuentes consultadas por Efe.