La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha dictado prisión sin fianza para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, acusado de quedarse con 6,5 millones de euros que luego, presuntamente, blanqueó en Andorra, de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol. La magistrada tomado esta decisión tras interrogar a Rosell y los otros cuatro detenidos en la operación Rimet, de los cuales también ha dictado el ingreso en la cárcel del abogado y político andorrano Joan Besolí, por haber creado empresas en el Principado con las que se blanqueó el dinero.
Presuntamente, el montante total desviado por esos partidos, que se pagó a una empresa vinculada a una sociedad árabe de Islas Caimán del billonario saudí Saleh Kamel, fueron casi 15 millones de euros, que se canalizaron a través de empresas de Rosell, quien luego repartió 8,3 millones al expresidente de la Confederación de Fútbol Brasileño (CDF) Ricardo Teixeira, a quien la justicia española no ha conseguido localizar.
Rosell, junto con el resto de investigados, formaba parte de una organización criminal con ámbito transnacional que "se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas", según sostiene la jueza, que ha dejado en libertad a los otros tres detenidos el pasado martes en la operación. Se trata de la mujer de Rosell, Marta Pineda, que quedó en libertad tras el registro de la casa del matrimonio y contra quien nadie ha pedido ninguna medida; el testaferro de Rosell en España, el ganadero Andreu Ramos (cuñado de Besolí) y su exsocio libanés Shahe Ohannessian (que vive en un piso propiedad de Rosell).
La magistrada, que les imputa un delito de pertenencia a organización criminal y otro de blanqueo, tan sólo ha decretado contra estos dos últimos medidas cautelares consistentes en comparecencias mensuales en el juzgado y prohibición de salir de España.
En su auto de prisión, Lamela explica la operativa de 2006, que consistió en la venta de esos derechos a la empresa International Sports Events (ISE), vinculada al grupo Dallah Albaraka, dirigido por el magnate saudí y dedicada a la difusión de eventos deportivos. Añade que la parte de comisiones del expresidente del Barça se canalizó a través de cinco transferencias que Rosell y su mujer recibieron en 2010 y 2011 de ISE mediante una empresa suiza, Kentaro, y otra árabe del jeque Kamel.
Ante Hacienda, el expresidente del Barça declaró que esos pagos se produjeron por la venta en mayo de 2011 de su empresa Bonus Sport Marketing a otra sociedad libanesa, Sports Investments Offshore, pero la magistrada sostiene que el dinero realmente provenía de comisiones ilegales por los partidos amistosos. Lamela no cree así la versión de Rosell y sostiene que la explicación que dio a la Agencia Tributaria fue su manera de blanquear los fondos ante la Hacienda española.
De hecho, aunque Rosell "aparentó" vender Bonus seguía "teniendo relación directa" con la sociedad, ya que la usaba para costear sus viajes, afirma Lamela. "Alexandre Rosell, entre 2007 y 2011, ha realizado operaciones financieras tendentes a ocultar la verdadera procedencia y titularidad de los fondos por un importe total de 14.973.328 euros", concluye la juez en el auto en el que ha enviado al expresidente del Barcelona a la prisión de Soto del Real (Madrid).
La magistrada considera que Rosell, que está acusado en otro procedimiento por el fichaje de Neymar, debe ir a prisión para evitar que oculte o destruya pruebas y porque tiene "cuentas, bienes y negocios fuera de España que lógicamente le facilitarían su salida del territorio español y su subsistencia en otros países".
Así lo ha corroborado Rosell en su declaración cuando ha relatado a la juez que está tratando de cerrar un acuerdo en China dedicado a la formación y búsqueda de talentos en África y en el país asiático y que tiene un hotel con ocho habitaciones y un restaurante en Senegal. También cree que hay riesgo de que vuelva a delinquir y tiene en cuenta que tanto Rosell como Besolí están siendo investigados por otros países (en el caso del expresidente del Barcelona, al menos en Brasil), en los que actuaban presuntamente "con el mismo modus operandi, lo que hace pensar que hagan del delito su modo de vida o fuente principal de ingresos".