Bruselas obliga a Real Madrid, Barcelona y otros cinco clubes a devolver hasta 70 millones de ayudas ilegales

La Comisión Europea (CE) ha exigido al Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche que devuelvan ayudas públicas ilegales millonarias concedidas por España.

En el caso del Real Madrid la devolución asciende a 18,4 millones de euros por la cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, mientras que el Valencia, el Hércules y el Elche deben devolver 20,4 millones, 6,1 millones y 3,7 millones, respectivamente, por los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas por préstamos concedidos a esos tres clubes de la Comunidad Valenciana.

Además, el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna deberán reembolsar hasta cinco millones de euros por club por haber obtenido privilegios fiscales.

Privilegios fiscales

La decisión llega después de que la Comisión Europea abriera tres investigaciones diferentes en profundidad y llegara a la conclusión de que varias medidas de ayuda pública concedidas por España a esos siete clubes de fútbol profesional "les beneficiaron injustamente frente a otros clubes", lo que supone una violación de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado de la UE.

La primera investigación se refería a privilegios fiscales en favor de Madrid, Barça, Athletic y Osasuna, que fueron tratados como entidades sin ánimo de lucro, pese a que en España los clubes de fútbol profesional se consideran sociedades anónimas a efectos fiscales. Además, los cuatro clubes se beneficiaron de un tipo impositivo inferior (un 5%) durante "más de 20 años, sin una justificación objetiva", recalca la CE.

España ha adaptado mientras tanto su legislación sobre el impuesto de sociedades para poner fin a este trato discriminatorio a partir de enero de 2016, pero para eliminar las ventajas indebidas recibidas en el pasado, los clubes están ahora obligados a devolver los impuestos no abonados.

La CE considera que las cantidades a devolver son limitadas (entre 0 y 5 millones por club), pero los importes exactos que deben recuperarse por parte de España los determinarán las autoridades españolas, indicó el Ejecutivo comunitario.

Cesión de terrenos al Real Madrid

En una segunda investigación, la Comisión examinó una cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Estas pesquisas determinaron, con ayuda de un estudio independiente, que los terrenos afectados por la transacción se sobrevaloraron en 18,4 millones de euros. "Ello otorgó a este club una ventaja injustificada frente a otros clubes que ahora debe devolverse", recalcó la CE.

Avales del Instituto Valenciano de Finanzas

Por último, la Comisión investigó los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por préstamos concedidos al Valencia, el Hércules y el Elche.

En ese momento, estos clubes atravesaban dificultades financieras y el aval público les permitió obtener los préstamos en condiciones más favorables. Al no haber pagado una remuneración adecuada por los avales, estos clubes se beneficiaron de una ventaja económica frente a otros clubes, que tienen que financiarse sin el respaldo del Estado.

La financiación estatal no estaba vinculada a un plan de reestructuración de los clubes con vistas a su viabilidad y ninguno de ellos aplicó medidas compensatorias para contrarrestar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda, dijo la CE. De esta manera, para restablecer unas condiciones de competencia equitativas con los clubes no subvencionados, el Valencia, el Hércules y el Elche deben devolver ahora la ventaja recibida, que asciende a 20,4 millones de euros, en el caso de Valencia, a 6,1 millones en el caso del Hércules y a 3,7 millones en el del Elche.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que "utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol profesional puede falsear la competencia". "El fútbol profesional es una actividad comercial en la que está en juego mucho dinero. Los fondos públicos deben cumplir las normas de competencia leal y, en este caso, las subvenciones investigadas no las cumplieron", añadía.