La Fiscalía Anticorrupción ha interrogado este jueves al expresidente del Zaragoza Agapito Iglesias por su presunta participación en el supuesto amaño del partido de Liga de la temporada 2010/11 entre el Levante y el Zaragoza en el estadio Ciudad de Valencia (1-2), para que el conjunto granota perdiera a cambio de cientos de miles de euros.
Agapito llegó a las 9:14 horas a la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la calle Manuel Silvela de Madrid. Media hora antes, a las 8:46 horas, había entrado Alejandro Luzón, el fiscal que se ha encargado de abrir las diligencias de un caso que este jueves empieza a escuchar a sus implicados.
A la salida, Agapito aseguró encontrarse "muy tranquilo" y si bien se mostró reacio a hacer declaraciones, reconoció la situación como "molesta" al ser preguntado por los medios congregados a la puerta del juzgado.
El dirigente no ha sido el único en hacer acto de presencia a lo largo de la mañana ya que hasta el momento también han pasado jugadores como el actual futbolista del Atlético de Madrid Gabi -autor de dos tantos en aquel partido-, Braulio, Jorge López y Diogo.
Desde hace un año, la Fiscalía investiga el presunto pago por parte del Zaragoza a los jugadores del Levante por perder (1-2) el último partido de Liga de la temporada 2010/2011 que ambos equipos disputaron el 21 de mayo de 2011 en el campo del Levante, donde el conjunto maño se jugaba la permanencia en Primera División.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, fue presuntamente Agapito Iglesias quien se puso en contacto con jugadores del Levante para concertar el amaño de ese partido, de ahí que se haya emplazado al expresidente del Zaragoza para que declare entre los primeros. Entre los jugadores del Levante que han sido llamados a declarar se encuentran el que era entonces el capitán del equipo, Juanfran García y Héctor Rodas.
La Fiscalía ha apoyado su investigación en un informe elaborado por su Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria sobre las cuentas bancarias de los jugadores supuestamente involucrados en este fraude. Una vez que el fiscal Alejandro Luzón tome declaración a todos ellos, su intención es judicializar estas diligencias en el correspondiente juzgado de Valencia, donde se disputó el partido.
La conducta que se les atribuye podría ser constitutiva del delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis del Código Penal y que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años a quien "por sí o por persona interpuesta prometa" un beneficio de cualquier naturaleza para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros.
En este caso sería de aplicación el apartado 4 de ese artículo, que se refiere "a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales".