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El administrador concursal del Deportivo denuncia en su informe la "temeraria" política empresarial de Lendoiro

Según la empresa AD Cryex, la deuda del club gallego es de 156 millones de euros, la mayor parte (94 millones) a la Agencia Tributaria.

Se presenta un día movido en La Coruña. A la espera de la comparecencia de Augusto César Lendoiro que tendrá lugar esta tarde -en horario aún por determinar-, la empresa AD Cryex, designada por el juez como administrador en el proceso concursal del Deportivo, ha presentado un demoledor informe que habla a las claras de la delicada situación financiera en el club.

En este informe, entregado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de La Coruña, AD Cryex asegura que la entidad gallega debe 156,34 millones de euros, 93,7 de ellos a la Agencia Tributaria.

El pasado 10 de enero, cuando solicitó el concurso de acreedoresel Deportivo reconocía una deuda de 93 millones de euros, 40 de ellos con Hacienda, además de estimar su activo en 185 millones. No obstante, los administradores reducen esta última cantidad a 80,3 millones.

El administrador no duda en dejar constancia en su informe de la "huida hacia adelante" protagonizada por el Consejo de Administración presido por Lendoiro, a quien critica por una política empresarial "temeraria", aunque considera viable la entidad. "Las verdaderas causas de la insolvencia están en el hecho de haber mantenido un modo de gestión ajeno a la realidad, asumiendo gastos e inversiones en múltiples aspectos por cuantías absolutamente alejadas de las posibilidades económicas de la sociedad", recoge el informe.

AD Cryex sostiene que "el patrimonio" de la entidad "se agotó" hace tiempo "al ser los gastos superiores a los ingresos, siguiendo el ritmo como si las deudas no hubiese que pagarlas, o los compromisos pudiesen olvidarse en una estrategia de huida hacia adelante" que ha generado unos "niveles abismales" de déficit.

El administrador considera que "echar la culpa a la Agencia Tributaria o a los demás acreedores por el ejercicio legítimo de sus facultades legales, constituye un sarcasmo tras el que se pretende evitar el reconocimiento del fracaso de una política empresarial temeraria y errada". Además, acusa a Lendoiro y a sus consejeros de haber "incumplido manifiestamente, durante años, la obligación legal de solicitar el concurso" y apunta que acudieron a él "cuando ya materialmente les era imposible continuar ni un día".

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