L D (Agencias) Pinto de Sousa ha declarado durante caso seis horas ante la magistrada que instruye el caso, Ana Cláudia Nogueira, que ha prohibido al directivo de la FPF desplazarse fuera del país.
El tribunal de la localidad de Gondomar, en las afueras de Oporto, informaba a través de un comunicado de que Pinto de Sousa es acusado de 17 delitos de acto ilícito, dos de falsificación de documentos y otros dos de abuso de poder. En total, el acusado habría incurrido en 21 delitos que prevén penas de hasta ocho años de prisión.
Por su parte, el presidente de la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional (LPFP) y principal implicado en el caso, Valentim Loureiro, ha pasado su tercera noche en las dependencias de la Policia Judicial (PJ). El abogado de Loureiro, Lourenco Pinto, lamenta el retraso en la toma de declaración de su defendido y dice que "se trata de un sufrimiento continuo que cumple ya su tercer día". De los 16 detenidos en el caso Silbato dorado, once ya han sido puestos en libertad condicional, bajo la condición de no salir del país o mantener encuentros entre ellos.
El diario Récord informa en su edición de este viernes de que en el ámbito de esa operación la Policía escuchó, entre otros, al vicepresidente del Oporto, Reinaldo Teles; el presidente del Boavista, Joao Loureiro y el árbitro internacional Paulo Paraty. El periódico deportivo señala que, no obstante, ninguno de ellos aparece entre la lista de los acusados. El semanario El Independiente dice que el ministro adjunto al Primer Ministro luso, José Luis Arnaut, fue también escuchado por la PJ dentro del ámbito de la operación, al haber mantenido conversaciones con Loureiro durante el pasado semestre. Además de Arnaut, según El Independiente, habrían sido también escuchadas las conversaciones de varios secretarios de Estado.
El caso Silbato dorado ha conmocionado al deporte portugués después de que el pasado martes la Policía Judicial detuviera a 16 sospechosos de delitos de tráficos de influencias, corrupción y falsificación de documentos. Loureiro aparece como el principal implicado en un escándalo que, de momento, ha salpicado a dieciséis dirigentes y árbitros del fútbol luso, en el que -supuestamente- se mezclarían la compra de árbitros para favorecer a determinados equipos, con casos de trato de favor en la concesión de licencias municipales. Loureiro compatibiliza su cargo en la LPFP el de alcalde de Gondomar.