L D (EFE) Entre la ley italiana, que contempla penas de cárcel para los deportistas dopados, y el Código Antidopaje del Movimiento Olímpico, que sólo prevé sanciones deportivas, el presidente del COI, el belga Jacques Rogge, admitió hoy que no queda más remedio que buscar una 'tercera vía' que, sin violar ninguna de las normativas, permita luchar con eficacia contra los tramposos. "Está claro que en Italia no se va a hacer ninguna modificación de la ley", tuvo que admitir hoy Rogge, después de una lucha de meses, encabezada por el miembro del COI en ese país Mario Pescante, por conseguir una suspensión temporal de la legislación.
La entrada de la policía en la Villa Olímpica de Turín para inspeccionar las habitaciones de los sospechosos de dopaje es una imagen en la que el COI no quiere ni pensar, por lo que todo queda en manos ahora de unas negociaciones que, por fuerza, habrán de ser rápidas y que se llevarán a cabo al más alto nivel: Rogge se verá con Silvio Berlusconi el mes próximo para avanzar en la solución del problema. En la conferencia de prensa que ha puesto este viernes fin a los trabajos de la Comisión Ejecutiva del COI, Rogge dejó entrever que esa 'tercera vía' es posible, pero indicó que no podía "extenderse en detalles" antes de discutirla con sus "amigos italianos", postura que mantuvo pese a las insistentes preguntas al respecto de los medios de comunicación presentes en el acto.
Sí recordó, en cambio, que cuando en 1999 se adjudicaron los Juegos de 2006 a Turín, los organizadores "firmaron un contrato que les obligaba a seguir las reglas del COI". "Estamos dispuestos a luchar contra los atletas tramposos con más fuerza que nunca, pero queremos que las sanciones sean deportivas, no criminales. El tráfico (de sustancias dopantes) es lo que debe ser gestionado por los gobiernos. Si en la Villa Olímpica hay un traficante, que entre entonces la policía", comentó. Mario Pescante, a quien esta controversia pilló en mitad de ambas posturas por su doble condición de miembro del COI y de supervisor del Gobierno italiano para los Juegos, tomó pronto partido a favor de la normativa olímpica, pero sus esfuerzos por convencer al parlamento de que suavizase la ley han sido vanos.
"Hace un tiempo habría sido posible, pero ahora", afirmó hoy Pescante, "después del caso de Marco Pantani, de la condena a prisión de tres ciclistas (entre ellos, Dario Frigo), del juicio contra el Juventus... la opinión pública está muy sensible, la prensa y los parlamentarios también y nadie quiere dar una señal de debilidad en la lucha contra el dopaje", aseguró. Gianfranco Fini, vicepresidente del Gobierno italiano, y Francesco Storace, ministro de Sanidad, son quienes más alto han dejado oír su voz en las últimas semanas en contra de cualquier cambio en la legislación italiana. "Los deportistas dopados pueden quedarse en su casa", afirmó Storace.
La polémica coincide, además, con el anuncio de que en los Juegos de Turín el COI hará 1.200 controles antidopaje, un 45% más que cuatro años antes en Salt Lake City. La experiencia de anteriores ediciones demuestra que el aumento de los controles se traduce invariablemente en un aumento de los positivos. Pescante recordó que el Gobierno de Italia ha cambiado muchas de sus leyes, entre otras las relativas a inmigración y aduanas, en respuesta a los compromisos adquiridos con el COI, pero la política antidopaje constituye ese "uno por ciento" que ha sido imposible acoplar.
Este asunto copó buena parte de la conferencia de prensa ofrecida por Rogge, quien, sin embargo, tuvo tiempo de alegrarse públicamente de que los cambios introducidos en el programa olímpico "vayan a incrementar la participación de las mujeres en los Juegos, en busca del sueño de un reparto 50/50".
La entrada de la policía en la Villa Olímpica de Turín para inspeccionar las habitaciones de los sospechosos de dopaje es una imagen en la que el COI no quiere ni pensar, por lo que todo queda en manos ahora de unas negociaciones que, por fuerza, habrán de ser rápidas y que se llevarán a cabo al más alto nivel: Rogge se verá con Silvio Berlusconi el mes próximo para avanzar en la solución del problema. En la conferencia de prensa que ha puesto este viernes fin a los trabajos de la Comisión Ejecutiva del COI, Rogge dejó entrever que esa 'tercera vía' es posible, pero indicó que no podía "extenderse en detalles" antes de discutirla con sus "amigos italianos", postura que mantuvo pese a las insistentes preguntas al respecto de los medios de comunicación presentes en el acto.
Sí recordó, en cambio, que cuando en 1999 se adjudicaron los Juegos de 2006 a Turín, los organizadores "firmaron un contrato que les obligaba a seguir las reglas del COI". "Estamos dispuestos a luchar contra los atletas tramposos con más fuerza que nunca, pero queremos que las sanciones sean deportivas, no criminales. El tráfico (de sustancias dopantes) es lo que debe ser gestionado por los gobiernos. Si en la Villa Olímpica hay un traficante, que entre entonces la policía", comentó. Mario Pescante, a quien esta controversia pilló en mitad de ambas posturas por su doble condición de miembro del COI y de supervisor del Gobierno italiano para los Juegos, tomó pronto partido a favor de la normativa olímpica, pero sus esfuerzos por convencer al parlamento de que suavizase la ley han sido vanos.
"Hace un tiempo habría sido posible, pero ahora", afirmó hoy Pescante, "después del caso de Marco Pantani, de la condena a prisión de tres ciclistas (entre ellos, Dario Frigo), del juicio contra el Juventus... la opinión pública está muy sensible, la prensa y los parlamentarios también y nadie quiere dar una señal de debilidad en la lucha contra el dopaje", aseguró. Gianfranco Fini, vicepresidente del Gobierno italiano, y Francesco Storace, ministro de Sanidad, son quienes más alto han dejado oír su voz en las últimas semanas en contra de cualquier cambio en la legislación italiana. "Los deportistas dopados pueden quedarse en su casa", afirmó Storace.
La polémica coincide, además, con el anuncio de que en los Juegos de Turín el COI hará 1.200 controles antidopaje, un 45% más que cuatro años antes en Salt Lake City. La experiencia de anteriores ediciones demuestra que el aumento de los controles se traduce invariablemente en un aumento de los positivos. Pescante recordó que el Gobierno de Italia ha cambiado muchas de sus leyes, entre otras las relativas a inmigración y aduanas, en respuesta a los compromisos adquiridos con el COI, pero la política antidopaje constituye ese "uno por ciento" que ha sido imposible acoplar.
Este asunto copó buena parte de la conferencia de prensa ofrecida por Rogge, quien, sin embargo, tuvo tiempo de alegrarse públicamente de que los cambios introducidos en el programa olímpico "vayan a incrementar la participación de las mujeres en los Juegos, en busca del sueño de un reparto 50/50".