El pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de una iniciativa que pretende reformar la Ley del Deporte para que se puedan castigar las "ofensas" o "ultrajes" a España y a sus símbolos en acontecimientos deportivos, aunque sin aclarar si afecta a las pitadas en los partidos de fútbol. Se trata de una proposición de ley aprobada hace años por las Cortes Valencianas y que defenderá desde la tribuna el diputado del PP en el Parlamento autonómico David Serra.
Esta reforma de la Ley del Deporte fue promovida por el PP valenciano cuando Francisco Camps gobernaba esa comunidad, después de la polémica surgida en 2005 en un partido en el Nou Camp entre el Barcelona y el Osasuna en el que se mostraron pancartas a favor de los Países Catalanes.
La proposición de ley llevaba registrada en el Congreso desde abril de 2008, pero no se ha incluido en el orden del día del pleno hasta ahora, cuando han pasado menos de veinte días desde la disputa de la final de la Copa del Rey de fútbol en la que se produjo una atronadora pitada mientras se escuchaba el himno nacional.
La propuesta de las Cortes Valencianas no especifica si estas pitadas pueden ser objeto de sanción. Sí apuesta por incluir como infracción muy grave –que según la Ley del Deporte comporta multas de entre 60.100 y 650.000 euros– la incitación o provocación de "ofensas" o "ultrajes" de palabra, por escrito o de hecho a España y sus comunidades, o a sus símbolos y emblemas en acontecimientos deportivos.
Estas manifestaciones se considerarían "actos de contenido político ajenos a los fines deportivos", como también lo serían aquellos que provocasen la discriminación, odio o violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas o referentes a la ideología, religión o creencias.
También propone prohibir y calificar de infracción muy grave la colocación de pancartas, símbolos o emblemas que inciten a la violencia, así como la introducción de armas o instrumentos arrojadizos en los recintos deportivos. El artículo 69 de la Ley del Deporte hace responsables de las infracciones graves a sus autores y a quienes colaboren con ellos "como cómplices", y en este último caso las sanciones económicas se imponen "atendiendo al grado de participación".
El debate de la toma en consideración de esta propuesta, que es el primer paso para que el Congreso pueda tramitar una iniciativa legislativa procedente de un parlamento autonómico, comenzará a las cuatro de la tarde, ya que es el primer punto del orden del día.