L D (EFE) La acusación sustenta que Pinto de Sousa asignaba a los árbitros a petición de Valentim Loureiro y Oliveira a cambio votos para ser reelegido como presidente del CAFPF, así como de diversas influencias políticas por parte del antiguo dirigente de la LPFP.
El Tribunal acusa a Valentim Loureiro de complicidad en 26 crímenes dolosos de corrupción activa y autoría de un delito de prevaricación. El ex presidente del Gondomar fue acusado de 26 crímenes de corrupción y otros 21 en el ámbito deportivo, mientras que Pinto de Sousa tendrá que responder a las acusaciones de 26 delitos de corrupción pasiva. El juez Pedro Miguel Vieira decidió que solamente no tendrán que ir a juicio los árbitros Rui Mendes, Sergio Pereira y Aníbal Gonçalves, mientras que otros nueve colegiados tendrán que responder ante la justicia lusa.
El Tribunal decidió además dar como válidas las más de 16.000 escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de este proceso, contrariando así la petición de la defensa de los acusados, que consideraba que fueron realizadas sin control del juez de instrucción y transcritas fuera de los plazos legales.
Este caso se hizo público en marzo de 2004, cuando la Policía Judicial (PJ) recibió una carta anónima en la que se señalaba que los dirigentes del equipo del Gondomar, de la Segunda División B, intentaban conseguir el ascenso de categoría a través de sobornos. El 7 de abril de 2005, la PJ lusa terminó la investigación del caso tras un año de trabajo, con un resultado de más de 200 acusados.
El Tribunal acusa a Valentim Loureiro de complicidad en 26 crímenes dolosos de corrupción activa y autoría de un delito de prevaricación. El ex presidente del Gondomar fue acusado de 26 crímenes de corrupción y otros 21 en el ámbito deportivo, mientras que Pinto de Sousa tendrá que responder a las acusaciones de 26 delitos de corrupción pasiva. El juez Pedro Miguel Vieira decidió que solamente no tendrán que ir a juicio los árbitros Rui Mendes, Sergio Pereira y Aníbal Gonçalves, mientras que otros nueve colegiados tendrán que responder ante la justicia lusa.
El Tribunal decidió además dar como válidas las más de 16.000 escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de este proceso, contrariando así la petición de la defensa de los acusados, que consideraba que fueron realizadas sin control del juez de instrucción y transcritas fuera de los plazos legales.
Este caso se hizo público en marzo de 2004, cuando la Policía Judicial (PJ) recibió una carta anónima en la que se señalaba que los dirigentes del equipo del Gondomar, de la Segunda División B, intentaban conseguir el ascenso de categoría a través de sobornos. El 7 de abril de 2005, la PJ lusa terminó la investigación del caso tras un año de trabajo, con un resultado de más de 200 acusados.