¿Por qué la casa de Vicente Aleixandre parece condenada al abandono?
La administración pública y los herederos del lugar sostienen posturas contrapuestas, que dificultan la protección oficial del inmueble.
Vicente Aleixandre murió en 1984 y a partir de ese momento su casa, Velintonia, un chalet situado en la Colonia Parque Metropolitano de Madrid, fue quedando en el olvido y en el abandono tanto de sus herederos como de las instituciones públicas. Es un caso ciertamente extraño, pues su valor actual es más sentimental que otra cosa. Fue centro de reuniones de la Generación del 27 y de otros poetas pertenecientes a generaciones posteriores, pero no guarda ni el archivo personal de Aleixandre ni nada que pueda dar testimonio de aquellos encuentros. Además, es considerada inhabitable desde el año 2001, con serios problemas de acondicionamiento que implicarían un esfuerzo de remodelación importante. Todo ello, sumado a la división de intereses de cada una de las partes implicadas en su futuro hace que se haya generado a su alrededor una maraña de dimes y diretes difícil de desentrañar.
La Comunidad de Madrid inició en diciembre del año pasado el procedimiento para declarar al inmueble Bien de Interés Patrimonial (BIP), dotándolo por primera vez de protección oficial —algo que no es la primera vez que se intenta—. Sin embargo, las cosas no parecen tan sencillas. Como desvela el diario ABC en un artículo reciente, las partes con derecho a réplica son tres: la Asociación de Amigos de Aleixandre, los herederos por parte de la familia Merlo —propietarios del cuarenta por ciento de la vivienda—, y Amaya Aleixandre, sobrina del Nobel y propietaria del otro sesenta por ciento. Cada uno tiene una postura diferente, pero al menos dos de ellas están en contra abiertamente de la declaración BIP.
La Asociación de Amigos de Aleixandre, dirigida por Alejandro Sanz, considera que esa medida es insuficiente, ya que "permitiría alterar, modificar o destruir, aunque fuera parcialmente, el interior del bien, y también dar un uso al mítico inmueble contrario al que reclama su propia historia y naturaleza". En su opinión, la casa tendría que ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en lugar de Bien de Interés Patrimonial (BIP), y gozar de esa manera de una protección mayor, que permitiría que el inmueble pudiese convertirse en una Casa de la Poesía dedicada a la memoria de las diversas generaciones de autores que desfilaron por sus habitaciones durante el siglo XX.
Los motivos de los Merlo para rechazar la medida son bien distintos, ya que consideran que el hecho de que ni el archivo del poeta ni su biblioteca permanezcan en el lugar hace imposible su protección institucional. Subrayan, además, que la casa ya goza de protección urbanística por pertenecer a una colonia histórica de Madrid —algo que impide modificar la fachada pero permite cualquier remodelación interior—, y recuerdan que un juez ya ordenó el pasado mes de abril la subasta de la casa. La actual Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Elena Hernando, reconoció la validez de todos esos argumentos en la Asamblea de Madrid a finales de 2020, explicando que Velintonia tiene un "escaso valor arquitectónico" y que la legislación vigente hace imposible que pueda ser protegida, ni como BIP ni como BIC.
Amaya Aleixandre, por su parte, no se ha opuesto abiertamente a la declaración del inmueble como Bien de Interés Patrimonial, pero considera que lo más importante es que ese procedimiento se lleve a cabo después de que "las administraciones aborden de forma seria y razonable la compra del inmueble, contando para ello, como es lógico, con los dueños". Esa petición también ha sido un motivo de conflicto histórico ya que, mientras que el Ministerio de Cultura trató de comprar la casa en 2007 por poco menos de dos millones de euros, la postura de la familia estaba muy alejada de esas pretensiones, valorando el inmueble en cerca de seis millones. Desde entonces, nunca se ha llegado a un acuerdo definitivo para la venta del lugar.
El balón está ahora en el tejado de la Dirección General de Patrimonio, que tendrá que revisar las alegaciones de los implicados en un plazo no superior a los seis meses. Pero ese tampoco sería el último paso de este largo proceso enquistado. En cualquier caso, los implicados siempre podrán recurrir la decisión e iniciar la vía jucicial, lo que alargaría el procedimiento durante años. Pase lo que pase, no parece que el desenlace del caso Velintonia esté cerca.
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