El Ministerio de Ciencia e Innovación que dirige Pedro Duque va a retirar los nombres de eminentes e ilustres científicos e investigadores españoles de los Premios Nacionales para sustituirlos por el mera denominación de la especialidad galardonada. Así, el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal pasará a llamarse de Biología, de Humanidades el hasta ahora Ramón Menéndez Pidal o el Premio Gregorio Marañón será sustituido por Medicina. Otro que desaparecerá es el del explorador Alejandro Malaspina. Son muchas las voces que denuncian el desprestigio que supone para los premios eliminar estos nombres o el hecho de que suponía un homenaje a sus brillantes trayectorias.
Sin mediar explicación y sin que trascendiera al ámbito público, el Gobierno había publicado los cambios hace meses, en marzo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Estos Premios Nacionales se entregan desde 1982 a investigadores españoles que "estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la Humanidad". Cada galardón recibe 30.000 euros.
La última edición, presidida por los Reyes de España, se celebró el pasado mes mayo y entonces se respetó el homenaje a nuestros clásicos pero, para la próxima, en 2022, ya no. La razón que ha dado el Ministerio de Ciencia es que se reestructuran las áreas, pasan de diez a seis, aunque también llamaba la atención sobre que todos eran hombres.
Esta obsesión del gobierno por borrar la herencia cultural, histórica y científica de España se produce cuando otro ministro, en este caso el de Fomento, José Luis Ábalos, ha vetado bautizar como Juan de la Cierva el aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Por cierto, De la Cierva también perderá su nombre en un Premio Nacional de Investigación y en unas becas postdoctorales.
La polémica con Juan de la Cierva
Para negar la denominación del inventor del autogiro para el aeródromo murciano el Ministerio de Transportes se ha basado en un polémico informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aportado por Ángel Viñas y que dice que se vulneraría la Ley de Memoria Histórica de 2007.
En el texto se acusa a Juan de la Cierva y Codorníu, que vivía en Londres, de vinculaciones con el régimen franquista y de participar en la sublevación de julio de 1936. El diario ABC recogía parte del texto de ese informe, "un pequeño grupo de conspiradores monárquicos, británicos y españoles, contra la República, que tuvo gran influencia entre los círculos de derecha" y que fue "uno de los agentes de Mola para obtener armamento". Viñas asegura que ayudó al bando nacional a "conseguir" el avión, el Dragón Rapide, que "trasladó a Franco desde las Islas Canarias" a la península.
El ingeniero de origen murciano, que sentó las bases del helicóptero, moría apenas cuatro meses después de empezar la guerra, el 9 de diciembre del 36, en un accidente aéreo.
Este miércoles el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, en un acto institucional se refería al asunto y a de la Cierva como un "genio murciano del que nos sentimos orgullosos, todos o casi todos y, como es de justicia, seguiremos luchando para que el aeropuerto lleve el nombre de uno de los murcianos más universales de todos los tiempos". Miras ha sido interrumpido en ese momento por los aplausos del público. Y añadía: "Su nombre pone a la Región en el mundo cada vez que vemos a unos helicópteros cumpliendo su misión en cualquier lugar del planeta, de los que el autogiro, que él inventó, es el antecesor. Pese a quien le pese, su nombre seguirá ocupando un lugar principal en las páginas de los libros de todo el mundo". Ha tachado la decisión de "ideológica".
La Asamblea regional aprobó en 2017 la nueva designación con los votos a favor de PP y Ciudadanos y el voto en contra de PSOE y Podemos, que lo quieren llamar Aeropuerto del Mar Menor.
El gobierno de Murcia, que ha calificado el veto de "decisión de ideológica", ha lanzado una ofensiva para exigir al Gobierno de España "que se retracte de inmediato del informe sesgado y sectario que deniega de manera totalmente injustificada el nombre de Juan de la Cierva y Codorníu y que reponga el honor y el buen nombre de este hombre ilustre, mediante su inmediata rectificación".