Largo Caballero y la Ley de Venganza Histórica

Stalin, que de tonto no tenía un pelo, estaba preocupado por la mala imagen del bando republicano. Sabía que a sus aliados españoles no les convenía aparecer ante el mundo como un régimen comunista, puesto que ello provocaría la hostilidad de países como Francia y Gran Bretaña, evidentemente antifascistas pero al mismo tiempo temerosos de que en Europa Occidental se afianzase otro régimen de estilo soviético. Así que en diciembre de 1936 envió una carta al presidente del Gobierno, el socialista Largo Caballero, recomendándole aparentar ciertas formas parlamentarias y coexistir con otras opciones políticas, sobre todo la Izquierda Republicana del presidente Azaña:

No se debe rechazar a los dirigentes republicanos [de Izquierda Republicana] sino que, por el contrario, hay que atraerlos y acercarlos más al gobierno. Sobre todo, es necesario asegurar el apoyo de Azaña y su grupo al gobierno y hacer todo lo posible por vencer sus vacilaciones. Esto es necesario para evitar que los enemigos de España la consideren una república comunista e impedir así su intervención abierta, que constituye el mayor peligro para la España republicana.

Pero Largo Caballero respondió al dictador soviético que nadie en el bando republicano tenía interés en aparentar ser una democracia:

Independientemente de la suerte que reserve el futuro a la institución parlamentaria, entre nosotros, incluso entre los republicanos, no tiene partidarios entusiastas.

No se pudo acusar al que fuera presidente del PSOE de insinceridad. A lo largo de su vida expresó en numerosas ocasiones, tanto de palabra como por escrito, sus diáfanas opiniones políticas. He aquí un breve ramillete de ellas:

–Quiero decirles a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos.

–La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución.

–La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia; ¡que se implante en el país nuestra democracia!

–En las elecciones de abril de 1931 los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia.

–Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos.

–Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera.

–Vamos, repito, hacía la revolución social. Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia.

–Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista.

–Hay que apoderarse del poder político; pero la revolución se hace violentamente: luchando, y no con discursos.

–No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad.

Tras las palabras, los actos. Porque Largo Caballero fue presidente del Gobierno desde el 4 de septiembre de 1936 hasta el 17 de mayo de 1937, tiempo en el que se cometieron innumerables crímenes por motivos políticos y religiosos. Con la Ley de Memoria Histórica en la mano se han eliminado de calles, plazas y todo tipo de construcciones las efigies y nombres de numerosas personalidades del régimen franquista, desde ministros hasta gobernadores o alcaldes, a pesar de haber sido los artífices e inauguradores de muchos de esos lugares, con el argumento de que, por ejercer sus respectivas competencias, son responsables solidarios de todo cuanto hubiese sucedido en España durante su mandato. Por lo tanto, Largo Caballero, según dicha ley, sería responsable de miles de asesinatos ocurridos en el territorio republicano bajo su mandato como presidente del Gobierno.

Pero, en respuesta a la iniciativa de Vox para eliminar su nombre y efigie de varios espacios públicos, el Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias acaba de decidir que a Largo Caballero no se le puede aplicar la Ley de Memoria Histórica por haber sido el presidente legítimo de un Gobierno democrático legítimo salido de las legítimas elecciones de febrero de 1936. Y, por lo tanto, es merecedor de la estatua de los Nuevos Ministerios madrileños y de calles en varias ciudades de España, pues no en vano fue un destacado defensor de la democracia y la libertad frente al fascismo.

Se ha demostrado mil veces desde su promulgación en 2007, pero con esta decisión gubernamental se ha vuelto a demostrar que la llamada Ley de Memoria Histórica del añorado Zapatero merecería el nombre, más apropiado, de Ley de Venganza Histórica, pues no persigue ni conservar la historia, ni promover la reconciliación, ni reinstaurar la justicia ni ninguna otra de las mentiras que se esgrimieron en su favor y que el analfabeto y eunuco PP fue incapaz de contrarrestar. El único objetivo de dicha ley fue vengarse, agredir, injuriar y humillar a una derecha actual a la que la izquierda ha proclamado continuadora de los vencedores de 1939. Y con ello, esconder la inmensa responsabilidad –como denunciaron los autorizadísimos Alcalá-Zamora, Sánchez-Albornoz, Lerroux, Madariaga y Besteiro– del principal culpable de los cientos de miles de muertos provocados por la Guerra Civil española: el PSOE de Francisco Largo Caballero y Pedro Sánchez.