El alzamiento militar, como lo calificó Manuel Azaña, comenzó en Melilla la tarde del viernes 17 de julio de 1936, porque uno de los implicados en él era un soplón del teniente de alcalde de la ciudad, Felipe Aguilar, militante de Unión Republicana. La fecha elegida por los conspiradores era el lunes 20 o el martes 21.
El presidente del Gobierno, Casares Quiroga, cuyo único atributo para desempeñar tal cargo era su amistad con Azaña, no quiso informar ni al Consejo de Ministros que estaba desarrollándose ni a la nación, porque estaba convencido de que podría controlarlo. Sin embargo, le dio la noticia a Indalecio Prieto, que se hallaba en la sede del Consejo de Ministros (Castellana, 3) sin serlo.
Éste, a su vez la comunicó a la ejecutiva del PSOE, el partido que más hizo por el estallido de la guerra, y a unos periodistas en las Cortes:
"La guarnición de Melilla se ha sublevado esta tarde. Los trabajadores están siendo pasados por las armas".
La segunda frase era mentira, una de esas mentiras con las que los socialistas habían hecho hervir el odio en España en los años anteriores. Los rebeldes todavía no habían fusilado ni a sus camaradas militares que se les habían opuesto. Miguel Platón destaca la paradoja (La Segunda República: de la esperanza al fracaso) de que el general Emilio Mola se enteró en Pamplona del inicio del alzamiento gracias al ‘scoop’ que dio Prieto a la prensa.
División en el Frente Popular
En los días siguientes, el Frente Popular mostró su división más evidente: burgueses que jugaban a la revolución y revolucionarios que la ejecutaban. Los Azaña, Casares Quiroga y Domingo fueron rebasados por unas organizaciones de izquierdas que, desde la derrota en las elecciones de 1933, estaban realizando ‘gimnasia revolucionaria’ y cuya primera obra fue el golpe de Estado de octubre de 1934, en el que murieron alrededor de 1.400 personas.
Después de manipular las elecciones de febrero, las bandas de la porra de las izquierdas se apoderaron de las calles: incendios de iglesias y sedes de partidos de derechas, huelgas, tiroteos, palizas, ocupaciones de fincas… Los partidos burgueses en el Gobierno colaboraban en esa violencia encarcelando a derechistas y falangistas; hasta se detuvo a José Antonio Primo de Rivera bajo la acusación de "fascista", delito del que fue absuelto, y luego por posesión de armas, que fueron colocadas por la Dirección General de Seguridad.
Según la investigación de Juan Blázquez Miguel, los muertos por violencia política en los primeros seis meses y medio de 1936 superaron los 500, número que con la población actual española se acercaría a 1.100. Los diputados de derechas habían aceptado ser despojados de actas ganadas en las elecciones por el pucherazo del Frente Popular y la comisión de actas de las Cortes, pero clamaban al Gobierno que restaurase el orden público. El asesinato por unos policías y pistoleros socialistas del diputado monárquico José Calvo Sotelo y la lenidad con que el Gobierno de Casares trató a los asesinos disuadieron a los derechistas de que su única posibilidad para sobrevivir era unirse a la conspiración puesta en marcha por un grupo de militares en abril.
Hasta el 17 de julio, los burgueses de Izquierda Republicana (el partido de Azaña) y Unión Republicana (el de Martínez Barrio) se habían divertido burlándose de las derechas, a las que les decían que se quejaban por vicio y que si no querían que las ‘masas proletarias’ las aplastasen deberían someterse al Gobierno del Frente Popular y aceptar la instauración de un régimen que les excluyese para siempre. Además, ahítos de soberbia, pensaban que, de producirse una sublevación como la ‘Sanjurjada’ de 1932, la reprimirían con facilidad.
Sin embargo, en cuanto una parte de las derechas se levantó y amenazó con devolver los golpes, a los burgueses se les helaron las sonrisas. Éstos, a partir de la tarde del 17 de julio, se lanzaron en una carrera para frenar la deriva hacia la guerra.
El PSOE exige armas para hacer la revolución
El 18 de julio la sublevación saltó por la mañana a Canarias y por la tarde a la Península, a las guarniciones de Sevilla, Cádiz y Córdoba. El Gobierno aseguró por radio que el movimiento fracasaba.
Por la mañana del 18, dos representantes socialistas se reunieron con Casares Quiroga para pedirle que armara al ‘pueblo’, "es decir, a los sindicatos revolucionarios", como traduce Stanley Payne (El camino al 18 de Julio). Casares veía que la República podía morir, aunque no a manos de la reacción. Así respondió a uno de los enviados del PSOE:
"¿Y es que puede usted responder de los anarquistas, de los comunistas? ¿Es que usted puede asegurarme que toda España no se convierta en lo que fue Asturias en el mes de octubre (…)? Mientras yo sea presidente del Consejo, no se armará al pueblo".
Los socialistas entonces trataron de convencer al general Núñez del Prado de que les abriera los arsenales, aunque también se opuso. Este militar desaparecería más tarde en la zona nacional. Pero varios oficiales socialistas y masones (Luis Barceló, Ernesto Carratalá, Rodrigo Gil), según revela Juan Simeón Vidarte, se comprometieron a desobedecer al Gobierno y entregar miles de fusiles y pistolas.
Martínez Barrio habla con Mola
La tarde del 18, Casares dimitió y salió de la Historia de España. Antes de hacerlo, tomó algunas medidas con consecuencias: ordenó el bombardeo de Tetuán, desplegó buques de la flota de Cartagena en el Estrecho, acuarteló las tropas en Madrid y aprobó en un decreto con su firma la disolución de las unidades militares que participaran en la rebelión. Así, en un primer momento impidió el paso de las tropas de Marruecos a la Península y el triunfo del alzamiento en Madrid, pero preparó la situación para que las milicias sustituyeran al Ejército.
Entonces, Azaña encargó la formación de Gobierno al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, miembro destacado del Frente Popular y de la masonería, pero reconocido por todos como moderado. Su Gobierno duró un día escaso. Su autoridad y el miedo a una guerra consiguieron convencer a varios generales dubitativos o que se habían incorporado a la rebelión, como el general Francisco Patxot, comandante de Málaga. Éste aceptó la palabra de Martínez Barrio de que la sublevación había fracasado y de que su Gobierno restauraría el orden. Fue detenido y asesinado en agosto.
Martínez Barrio habló con Mola para pedirle que depusiera las armas. Por dos veces, según el relato del político andaluz, el militar le respondió: "Es tarde, muy tarde". Y añadió un pronóstico que se cumplió:
"El gobierno que usted tiene el encargo de formar no pasará de intento; si llega a constituirse, durará poco".
De acuerdo con testimonios de colaboradores suyos, Barrio ofreció los ministerios de la Guerra, Marina y Gobernación a los militares para constituir ese Gobierno restaurador del orden.
Los socialistas, contra el Gobierno 'legítimo'
Vidarte (Todos fuimos culpables) da cuenta del enfado que en muchos socialistas produjo el nombramiento de Martínez Barrio: "¡Pero es un gobierno de paz, un gobierno como cualquiera de los pasados!". Sin embargo, añade, los socialistas se ofrecieron a entrar en el Gobierno con la condición de que se armase al ‘pueblo’. Como Barrio se negó a ello, la mañana del 19 una nutrida manifestación recorrió el centro de Madrid, formada, por socialistas, comunistas y algunos republicanos. Rechazado por unos y otros, comunicó a Azaña que renunciaba a su encargo y así juzgó la conducta de las izquierdas obreras:
"La inconsecuencia popular y la ceguera de los líderes, seducidos con la esperanza de una lucha victoriosa, cerraban el paso a mi gobierno, calificándolo de gobierno de la traición. Se repetía el mismo fenómeno alucinatorio de la rebelión de Asturias: creer que en España la voluntad de una clase social puede sobreponerse y regir a todas las del Estado".
Azaña nombró presidente a José Giral (Izquierda Republicana), que permitió el asalto de los arsenales por los rojos. Las milicias armadas no pararon a las columnas rebeldes; en cambio, se dedicaron durante semanas en Madrid y Barcelona al saqueo, la violación y el asesinato. El mismo Vidarte, que disculpa todos los delitos de su partido, reconoce que "en aquellos días nadie estaba libre de una denuncia falsa ni de un rencor".
Así se desmoronó la República: arruinada por quienes se creían sus dueños.