En Francia, la protesta de los ‘chalecos amarillos’, que ha obligado al soberbio Emmanuel Macron a suspender sus planes para salvar el planeta encareciendo el diésel, se interpreta como una rebelión de las comarcas vacías y en decadencia, del país periférico, contra los urbanitas.
En España, también existen cada vez más comarcas y provincias vacías; sin embargo, a diferencia de Francia, aquí están calladas. Sus habitantes se limitan a mandar a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos unos diputados que aprietan los botones que les indican los jefes y no abren el pico para avisar de la extinción de sus circunscripciones.
El XL aniversario de la Constitución nos permite contemplar la evolución demográfica de España desde 1978 en un asunto tan importante como la población. Y lo vamos a hacer con los datos de asignación de escaños al Congreso de los Diputados.
Antes que el referéndum de aprobación de la Constitución, antes que la Ley de Amnistía, antes que el mensaje del rey Juan Carlos que convirtió las Cortes ordinarias en constituyentes y antes que las elecciones, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó en marzo de 1977 un decreto-ley que fijaba un Congreso de 350 diputados (pequeño para nuestras tradiciones) y la manera de elegirlos. La circunscripción sería la provincia; el método consistiría en una representación proporcional extraída de una lista cerrada y bloqueada; y la regla matemática para asignar los representantes, la famosa D’Hondt. También estableció un mínimo de dos escaños por provincia, con la excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla, que tendrían un diputado cada una, por lo que quedaron sólo 248 escaños para atribuir a las 50 provincias en función de su población.
Cada convocatoria electoral producida desde entonces incluye el número de escaños que corresponde a las provincias. Entre 1977 y 2016 cambiaron 22 escaños de circunscripción. Los despidieron 17 provincias y los recibieron solo 12. Es decir, el primer dato es la progresiva concentración de los españoles en menos territorio.
Las beneficiadas son las provincias que se extienden a lo largo de la costa entre el estrecho de Gibraltar y Francia (salvo Granada, que mantiene los mismos 7 diputados de hace 40 años, Castellón, que tiene sus 5, y Barcelona), más los archipiélagos y el Gran Madrid, es decir, Madrid y Toledo.
Como prueba de su pujanza, Madrid se ha situado como la provincia española más poblada. En 1977 ese puesto correspondió a Barcelona, a la que se atribuyeron 33 escaños; en segundo lugar, estaba Madrid, con 32 escaños. Barcelona perdió 2 en las elecciones de 1989 y 1996, de modo que ahora tiene 31. Madrid fue ganando escaños en las elecciones 1986, 1993, 2004 y 2011, hasta sumar 36. Las provincias que han crecido en 3 diputados son Alicante, que ha pasado de 9 a 12, y Málaga, de 8 a 11. Les siguen Murcia, Las Palmas y Baleares con 2. El último cambio ocurrió en 2016, cuando el real decreto de convocatoria restó un diputado a León y se lo dio a Valencia.
El Norte, viejo y solitario
La disminución de diputados, y por tanto de población, aparte de en Barcelona, se producen en Galicia, el antiguo reino de León, Asturias, Vascongadas, Extremadura y otras provincias interiores en Aragón, las Castillas y Andalucía.
Las cuatro provincias gallegas pierden cada una un diputado. Asturias, Vizcaya y León, 2; pero en el caso leonés es más fuerte la pérdida, ya que se le asignaron 6 en 1977, mientras que las provincias costeras recibieron 10. Soria, que tenía poco más de 100.000 habitantes en 1978, ya está por debajo de los 90.000; ha perdido un diputado, de modo que solo mantiene los 2 que atribuye la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
En solo tres regiones (Andalucía, Castilla la Nueva y Cataluña), lo que pierden unas provincias lo compensan otras; pero en las demás ninguna otra provincia crece. La provincia más poblada de Aragón, Zaragoza, pierde un diputado que no pueden recuperar Huesca ni Teruel. En el País Vasco, es imposible que Álava cubra o reduzca las menguas de Vizcaya y Guipúzcoa.
Llama la atención el declive demográfico de regiones con una fuerte implantación de movimientos nacionalistas, como Galicia, País Vasco y Cataluña, que además en estas dos últimas han gobernado de manera casi ininterrumpida desde 1980. ¿Tan poco aman los nacionalistas a sus naciones que son incapaces de procrear para mantenerlas y difundir la ‘lengua propia’?
Como explica el ingeniero y experto en demografía Alejandro Macarrón, los españoles en la franja de edad entre 18 y 29 años han pasado de constituir un 25% de la población nacional cuando se aprobó la Constitución a ser un 14%; los mayores de 65 años, por el contrario, han pasado de un 15% a casi un 25%.
Si el envejecimiento es un problema que amenaza la estabilidad y el bienestar de toda España, en más de 30 provincias es ya una realidad innegable. En 1978 afectaba a Zamora, Lugo o Cuenca, pero no a las repletas, industriales y políticamente movilizadas Guipúzcoa y Barcelona.
La Constitución, elaborada en un período de crecimiento poblacional, no menciona la natalidad y establece que los poderes públicos "aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia" (art. 39). Desde entonces, a nivel nacional el Estado no ha hecho nada para apoyar las familias y la natalidad. Cuarenta años después de la aprobación de la norma fundamental, a la sociedad española le toca despertar ya.