Dados sus borrascosos horizontes electorales, refrescan los socialistas su recurso favorito: el guerracivilismo. Pues con la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 pretenden disputar a un Podemos en bajamar los votos de la izquierda más malintencionada, ésa que se mueve a golpe de vísceras. En una España con un paro insoportable y un golpe de Estado encima de la mesa, lo urgente es reactivar la malhadada ocurrencia del venenoso ZP para volver a enfrentar a los españoles ochenta años después.
Ya en la exposición de motivos se desvela el fraude totalitario: "La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos", clama el texto. Pero de lo que aquí se trata es, precisamente, del silenciamiento de los vencedores. Y también menciona el deseo de hacer un "esfuerzo reparador a favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades", y entre ellos menciona expresamente a los brigadistas internacionales, chiste digno de los hermanos Marx.
Como argumento de autoridad, esta exposición de motivos apela a la de su antecesora, en la que se afirmaba con rotundidad: "Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos". Estamos de acuerdo. Pero ¿se estaría refiriendo, por ventura, a lo que hizo el PSOE en 1934?
El proyecto socialista propone declarar el 31 de octubre, fecha en la que se aprobó la Constitución en el Parlamento, día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. Es decir, proclama que la Constitución de 1978 es la plasmación política de la venganza sobre los vencedores del 39. ¿Ignoran nuestros desmemoriados socialistas que dicha Constitución está fundamentada precisamente en lo contrario, en la ausencia de victorias y derrotas y en la reconciliación de todos los españoles de todas las opciones políticas?
Más adelante proclama el "derecho inalienable de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes". ¿Y la mejor manera de conseguirlo es que el Estado establezca unilateralmente esa verdad? Verdad que, como se señala, será incluida en los programas educativos de todos los niveles, incluida, naturalmente, la formación de los profesores.
Para construir esa verdad, los socialistas desean la creación de la "Comisión de la Verdad". ¿Cabe algo más totalitario, más despótico, más asfixiante? ¿Cómo se articula semejante aberración soviética en un régimen democrático como el español? La realidad siempre supera a la ficción: si Orwell hubiera conocido al PSOE, no habría tenido que inventar nada para su 1984.
Detalle muy revelador es el de que "el lapso temporal del trabajo de la Comisión de la Verdad abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978". Es decir, lo que sucedió entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 no tiene importancia: ni el caos, ni la desaparición del Estado, ni los tres mil muertos por violencia política, ni los muchos miles de heridos, ni los infinitos atentados, huelgas, saqueos, incendios, destrucciones, palizas, detenciones arbitrarias, robos, asaltos y todo tipo de desmanes ocurridos durante aquel régimen homologable a cualquier otro régimen democrático. Nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es que una mañana de julio Franco y los demás, odiando como odiaban tanta libertad y tanta democracia, decidieron dar un golpe de Estado para pasar el rato.
Otra prueba de que no se trata de sembrar la concordia sino de bendecir maniqueamente el bando republicano y maldecir el nacional es el artículo 28-1, en el que se prohíbe "la exhibición de simbología de exaltación de la Guerra Civil y Dictadura en cementerios públicos", pero nada se dice de los muchos monumentos que en dichos cementerios exaltan el bando contrario. Y se instalarán placas explicativas en los llamados "lugares de Memoria", es decir, allí donde el bando nacional hubiera cometido "crímenes de lesa Humanidad o contrarios a los Derechos Humanos". Todo ello, claro está, tras cuarenta años de minuciosa eliminación de todo recuerdo de los crímenes cometidos por los republicanos.
Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es que serán declaradas ilegales las asociaciones que realicen apología del franquismo, el fascismo y el nazismo. En primer lugar, ¿qué pintan aquí el fascismo y el nazismo? Y en segundo, ¿por qué no se incluyen otras ideologías que llevan sobre sus espaldas muchos millones de muertos, como el socialismo y el comunismo? ¿De ésas sí se puede hacer apología? Si alguien menciona, por ejemplo, la violencia insostenible de 1936 o el desarrollo económico experimentado por España durante el régimen franquista, ¿estará enalteciéndolo y habrá de dar con sus huesos en la cárcel de seis meses a dos años? Y si encima se le ocurre pronunciar tan tremendas palabras en un aula, ¿habrá que añadirle la inhabilitación de tres a diez años? ¿Dónde quedan la libertad de expresión y la de cátedra? Es decir, ¿dónde queda la Constitución de 1978? Y, por si fuera poco, los tribunales de la nueva Inquisición socialista ordenarán la destrucción, borrado o inutilización de los libros pecaminosos. Y de las páginas de internet en caso de que el contenido hubiera sido colgado en el ciberespacio. La dictadura total.
Uno de los argumentos esenciales en defensa de esta sinrazón es la equiparación del régimen franquista con los de Hitler y Mussolini, de lo que se infiere el envío de aquél al Averno en compañía de estos últimos. Interminables discusiones ideológicas aparte, la damnatio memoriae de Hitler y Mussolini se decretó, por parte de los vencedores extranjeros, en el mismo momento en el que perdieron su guerra; y en España se pretende lo mismo, por parte de un régimen democrático español sin vencedores ni vencidos, ochenta años después de que Franco ganara la suya. Premio para el que encuentre las cuatro diferencias.
Pero de nada valen los argumentos, pues los aplicantes de la Ley de Memoria Histórica, en todos los niveles gubernativos y administrativos, se caracterizan por su fétida mezcla de ignorancia, incapacidad, fanatismo y resentimiento. El que suscribe sabe bien de lo que habla: los ha sufrido en primera persona en la comisión del Ayuntamiento de Santander para el cambio de nombres de las calles, comisión que abandonó tras la segunda reunión dada la delicadeza de su estómago.
Finalmente, la propuesta socialista proclama, con inalcanzable hipocresía, su interés en "adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos". Pero, muy al contrario, lo que se consigue con toda esta agitación del odio por motivos electoralistas es que quien, como el que suscribe, no es ni franquista, ni falangista, ni carlista por los mismos motivos por los que no es ni alfonsino, ni jaimista, ni isabelino, ni cristino, ni fernandino, ni austracista, ni borbónico, ni isabeliano, ni beltranejista, ni rodriguista, ni witizano, ni leovigildista ni hermenegildista, proclame solemnemente su satisfacción con efectos retroactivos por la victoria de Franco sobre la barbarie, el caos y la peste bolchevique de la Segunda República, victoria que salvó a España para la civilización y dio origen al régimen que, con todas sus virtudes y todos sus defectos, construyó el bienestar y el progreso que hicieron posible la llegada pacífica y consensuada del actual.