Justicia: el nudo a desatar
Francisco Sosa Wagner
Francisco Sosa Wagner es catedrático universitario y autor del libro 'La independencia del juez: ¿una fábula?' (La Esfera de los libros, 2016).
Fake news. Las viejas mentiras de siempre para las nuevas generaciones. Nada nuevo bajo el sol, salvo la multiplicación de oportunidades para difundir toda clase de falsedades en toda clase de medios masivos, directos e inmediatos. La mentira repetida mil veces por mil veces por mil veces en medio de un ruido ensordecedor.
El nacionalismo catalán es especialmente hábil en el manejo de las mentiras y del victimismo. Se construye a base de mentiras y crece con el victimismo como palanca. Mentiras de todo tipo, como que el 80% de la población quiere un referéndum de autodeterminación. Esta es la última gran mentira del independentismo, el dato falso sobre el que pivota la hora más reciente del discurso nacionalista. La versión más extendida es que ese porcentaje procede de una encuesta realizada por el diario Ara antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Tal sondeo, con una base de menos de dos mil personas, sostiene toda la retórica con la que los representantes del prófugo Carles Puigdemont y el recluso Oriol Junqueras, Quim Torra y Pere Aragonès, comparecen en la mesa de negociación con el Gobierno socialcomunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Ni siquiera tienen que documentar de dónde sacan el dato. El ochenta por ciento es un mantra.
Más mantras. España nos roba y somos un pueblo oprimido. Tres mentiras en dos enunciados, robo, opresión y pueblo. Estos preceptos fueron el punto de partida de la última fase del largo proceso separatista, la que empieza en 2012 con Artur Mas. El pueblo, "un solo pueblo" según la retórica catalanista, impregna todos los discursos. "Pueblo se emplea tantas veces al hablar y escribir como la sal en la comida; a todo se agrega una pizca de pueblo", escribía Victor Klemperer en La lengua del Tercer Reich.
El uso de la mentira es indiscriminado y sin reparos. Uno de los últimos casos es el de Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza. Sucedió en su debut en el Parlamento Europeo. "Uno de los crímenes más graves contra el pueblo judío tuvo lugar en 1492, cuando los denominados Reyes Católicos ordenaron su expulsión. Este primer episodio de antisemitismo de Estado fue admirado por Hitler, que trató de superarlo", dijo la prófuga. Todo vale para atacar a España, y la mentira es una herramienta habitual. Pero Ponsatí no sólo ignoró que las persecuciones a los judíos en Europa comenzaron mucho antes de los Reyes Católicos, sino que llegó a comparar la situación del "pueblo catalán" con la de los judíos durante la época de Isabel y Fernando. Sin sonrojo y a degüello. "España ha sustituido a los judíos por los catalanes; la intolerancia española adopta hoy la forma de menosprecio ante los derechos de la minoría catalana en un contexto de indulgencia ante la apología fascista", abundó.
En esa misma sesión, Carles Puigdemont dijo que no se atrevía a volver a España porque "me meterían en la cárcel el resto de mi vida". Mentira y victimismo a partes iguales en cuatro palabras. Mientras los miembros de su Gobierno que se quedaron en España ya disfrutan de permisos y salidas para trabajar, Puigdemont pretende convencer a los eurodiputados de que el sistema legal español concibe la cadena perpetua. Llueve sobre mojado. Según TV3, a los nueve condenados por proclamar la república les han caído cien años. Hay que sumar las penas de cada uno para llegar a esa cifra, pero la retórica informativa de la cadena nacionalista no hace esa distinción ni expone tal matiz. A los "presos políticos", pues así les llaman, les han caído cien años. Cien años, además, por poner las urnas, aunque nada más lejos de la realidad, que son entre nueve y trece años por abolir la Constitución y el estatuto de autonomía y proclamar la república catalana.
En Cataluña, donde la represión del Estado alcanza unas proporciones dantescas según la versión separatista, las cárceles forman parte de la Administración autonómica, de modo que quienes denuncian la antedicha represión hacen lo que les place en materia penitenciaria. Oprimidos como dicen que están, los dirigentes separatistas controlan los permisos y grados de sus colegas presos, a quienes dispensan un trato deferencial que es la mofa y befa del sistema judicial, la sentencia y el sentido de las penas.
Como mienten más que hablan, los independentistas aseguran que los políticos presos reciben el mismo tratamiento que cualquier otro interno, que no hay privilegios ni trato de favor. Y lo dicen mientras sus colegas salen de la trena con todo el desparpajo que les proporciona el hecho de que en realidad ellos son los subordinados de los capos presos. Por ejemplo, Ester Capella es la consejera de Justicia de la Generalidad porque así lo ha decidido el interno Oriol Junqueras. Dada la circunstancia, se entiende perfectamente que el presidente de ERC haya dejado de dar clases en la cárcel para darlas en el campus manresano de la Universidad de Vich.
Que Junqueras no cumpla ni uno solo de los requisitos para que se le aplique el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (un atajo por el que los clasificados en segundo grado disfrutan de las condiciones del tercero) no es ningún problema porque no sólo estamos hablando de alguien muy importante en Cataluña sino de una pieza clave para el sostenimiento del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Esa misma importancia es la que le permite a Junqueras no tener que disimular ni buscar excusas para salir de la cárcel. En teoría va a dar clases de historia del pensamiento occidental, así, a pelo y sin cortarse un ídem. El doctor Junqueras, el pensamiento occidental y la materia oscura, sustancia, composición y densidad del sexo de los ángeles. Hay bofetadas para matricularse.
Han pasado cuatro meses de la sentencia y menos de dos años y medio desde que se saltaron todas las leyes y ya pisan la calle. Dos años y medio en los que no han hecho otra cosa que dar entrevistas, recibir visitas y disfrutar de privilegios desde el momento en que fueron trasladados a Cataluña..
A modo de ejemplo, y según la memoria de Fiscalía, los nueve encarcelados recibieron 2.300 visitas de autoridades sólo en los seis primeros meses de 2018. Otro dato. Solo cuatrocientos reclusos de los siete mil que cumplen condena en Cataluña disfrutan de los beneficios del antedicho artículo 100.2 que según la consejera Capella sería de aplicación automática porque a los golpistas presos se les trata como al resto de los presos.
Las mentiras calan en una sociedad acostumbrada desde hace cuarenta años a las mentiras de más grueso calado. Cataluña es una nación, la honradez de Pujol, la discriminación de la lengua catalana, la persecución durante el franquismo son algunos ejemplos de viejas fake news que cuentan con la colaboración de los herederos directos del franquismo catalán, gentes como Pere Aragonès, el mismo Puigdemont o el ínclito cantautor Lluís Llach, todos ellos descendientes de alcaldes y gerifaltes del régimen y todos ellos paladines de un furibundo antifranquismo cuyo ajuste de cuentas se sustancia fuera de los muros domésticos y se utiliza para arremeter contra todo vestigio de lo español en Cataluña, tachado indefectiblemente de franquista.
En este contexto, no es extraño que cundan toda clase de patrañas con la etiqueta catalanista. El nacionalismo ha catalanizado a todos los grandes personajes de la historia de España, de Cervantes a Santa Teresa de la Cruz, pasando por Colón, los hermanos Pinzón y Hernán Cortes, entre otros. También fueron catalanes Erasmo de Róterdam y Leonardo da Vinci, y la bandera de los Estados Unidos no es más que una versión de la senyera. Son hallazgos del Institut de Nova Història, una entidad que ha gozado del favor y la difusión de TV3 y de subvenciones de los organismos públicos controlados por el nacionalismo. Comparadas con las mentiras sobre el pueblo, la nación y la represión, los delirios de grandeza y las teorías de la conspiración del Institut resultan de una candidez entrañable.