Durante La Transición, la UCD intentó construir una democracia genuina que además fuera estable. En aras de evitar el caos que habitualmente lastró nuestras experiencias democráticas, la Constitución atribuyó al presidente del Gobierno más poder del que un sistema parlamentario habitualmente otorga al primer ministro. También puso grandes obstáculos a la posibilidad de que el Poder Legislativo pudiera hacer caer al Gobierno. Que el presidente sea mucho más que un primus inter pares y que el triunfo de una moción de censura sea tan difícil han hecho que el régimen, formalmente parlamentario, transitara hacia un presidencialismo de facto. Éste no es tan exquisitamente democrático como el legislador constitucional hubiera querido porque desdibuja la separación de poderes, esencial en cualquier democracia que se precie de serlo. El presidente del Gobierno domina por supuesto el Poder Ejecutivo. Así debe ser y a esto no hay objeción que hacer, aunque quizá fuera deseable que, como en Gran Bretaña tras la reforma de 2011, el derecho de disolver las Cortes que tiene el presidente del Gobierno exigiera además la ratificación del Congreso de los Diputados. Pero, en España, el presidente también controla el Poder Legislativo a través del sistema de listas cerradas, que consagra nuestra ley electoral, heredera en esto de la Ley de Reforma Política. De esta forma, quien gana las elecciones y logra ser investido se garantiza que el grupo parlamentario que ha de sostenerle esté compuesto por el rebaño de diputados más dócil y aborregado que imaginarse pueda. La ley electoral, que hace que el Legislativo sea obediente al Ejecutivo y no al revés, como debería ser, no es pues muy respetuosa con la separación de poderes, pero no es contraria a la Constitución.

El Poder Judicial en cambio sí fue diseñado por el constituyente como verdaderamente independiente. Sin embargo, cuando llegó al poder Felipe González, no se conformó con estar a la cabeza del Ejecutivo y controlar el Legislativo sino que quiso también dominar el Judicial. González se lo apropió mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 por la que atribuyó a los otros dos poderes que ya dominaba la facultad de designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, a través de él, la de nombrar a los miembros de la cúpula judicial. Sus sucesores heredaron este poder y ninguno ha tenido la decencia de renunciar a él.

Demuestra lo importante que es el poder que Felipe González se atribuyó a sí mismo el que el nombramiento de Enrique Bacigalupo como magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo en 1987 fuera clave para que González saliera impune de su responsabilidad en los crímenes del GAL. Mientras, sí fue encarcelado su ministro del Interior, José Barrionuevo. Todo el mundo sabe que Barrionuevo jamás habría hecho nada de aquello por lo que se le condenó sin autorización de Felipe González. Es más, lo probable es que lo hiciera por orden suya. Así fue como Barrionuevo fue condenado y González salió indemne. El ex ministro, escondido y avergonzado, tras ser indultado por Aznar, vive de su modesta jubilación de funcionario. En cambio, Felipe González, gracias a Bacigalupo, holgazanea dedicado a la vida alegre y divertida, rodeado de lujos, con su glamurosa segunda mujer, pontificando de lo divino y de lo humano y pasando por el gran estadista que nunca fue. La única penitencia que su vida regalada le impone es la de ser el niño de los recados de Carlos Slim.

Otra prueba de lo importante que es para el presidente del Gobierno controlar el Poder Judicial es que Aznar y Rajoy, a pesar de prometer devolverle su independencia, lo incumplieron alevosamente. En esas dos traiciones hay un elemento importante que destacar. Mientras al electorado del PP le preocupa la independencia judicial, y por eso el PP promete devolvérsela en sus programas aunque luego no lo haga, al del PSOE le parece muy natural y muy democrático que el partido que gane las elecciones controle todos los poderes del Estado, incluido por tanto el Judicial. Esto hace que el PSOE carezca de todo incentivo para deshacer el atentado a la separación de poderes cometido en 1985 y que además es inconstitucional.

El poder de hacer los nombramientos de los altos cargos de la magistratura, combinado con el sistema de aforamientos, que reserva para los políticos el privilegio de ser juzgados por esa misma cúpula que ellos nombraron, no sólo tiene la grave consecuencia de permitirles ser tratados con benevolencia por los delitos que hayan podido cometer en el ejercicio de sus cargos. Tiene otras que en cierto modo pueden ser más graves. Una de las cosas que han hecho todos los presidentes del Gobierno, muchas veces en connivencia con el líder de la oposición, es disfrazar de resoluciones judiciales lo que no eran más que decisiones políticas inasumibles por el seguro rechazo con el que serían recibidas por la opinión pública. Si se quiere aprobar una ley inconstitucional, pero no se quiere arrostrar la responsabilidad de reformar la Constitución, se dobla la mano del tribunal de garantías para que diga que es constitucional lo que palmariamente no lo es.

Si se quiere ilegalizar a un partido sin demasiados argumentos legales, en vez de reformar la ley o la Constitución, se obliga al Supremo a estirar las costuras de la norma para hacerlo. Cuando luego, por los pactos con el PNV, hay que volver a legalizarlo, se obliga al Constitucional a, sin competencia para ello, decir que es inconstitucional lo que el Supremo forzadamente sentenció. Si se pacta con la ETA la derogación de la doctrina Parot, en vez de reformar la ley, se consigue que el Tribunal de Derechos Humanos la proscriba. Y luego se logra que el tribunal que ha de aplicar la sentencia lo haga a todos los etarras en vez de limitarse a la terrorista que la recurrió. Si se ha pactado con los independentistas catalanes un estatuto catalán groseramente inconstitucional, se fuerza la mano del Constitucional para que diga que el estatuto se atiene a la carta magna. Cuando ese mismo tribunal no encuentra argumento legal para declarar ajustada a la Constitución una pequeña parte de él que no hay forma de tragar, como la atribución a la Generalidad del control del Poder Judicial en Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno abronca en público a la presidenta del tribunal. Si hay que sacar de la cárcel a dos empresarios corruptos porque son amigos del rey anterior, en vez de indultarlos, se obliga al Constitucional a enmendarle la plana al Supremo excediendo ampliamente sus competencias. Estos ejemplos, además de muchos otros que podrían esgrimirse, demuestran que el Tribunal Constitucional ha sido prostituido con frecuencia, pero los altos tribunales que integran strictu sensu el Poder Judicial tampoco se han salvado.

Lograr que en España haya una genuina separación de poderes es una exigencia cada vez más urgente. Sería deseable que el Legislativo no estuviera al servicio del Ejecutivo, pero solucionar esto no es tan apremiante. En cambio, devolverle la independencia a la justicia no sólo es perentorio, sino que es necesario para cumplir con la Constitución que, en esto, como en tantas otras cosas, no se cumple. Y, en cualquier caso, sin un Poder Judicial independiente, nuestra democracia, en el mejor de los casos, será imperfecta y, en el peor, no será.

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