Diversas irregularidades en la manera como el Instituto del Cine (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura, ha otorgado varias subvenciones han levantado polvareda. La última en producirse ha puesto de manifiesto, además, otras problemáticas en la propia organización interna de la institución, según ha informado el periodista Luis Martínez, de El Mundo.
Todo empezó el día en que se reunió la comisión encargada de entregar las subvenciones al cine. Como está estipulado, se fijaron las normas de obligado cumplimiento que debían respetar cada uno de los 14 vocales que se iban a encargar de repartir el dinero. Disponían de un fondo de 8 millones y medio de euros para largometrajes, y de 600.000 euros para cortos. Decidieron entonces que, de manera innegociable, todos los dosieres de los largos debían ser leídos y valorados por, al menos, cinco miembros, mientras que para otorgar las subvenciones de los cortos bastaría con que lo hiciesen tres. Si alguna de estas normas autoimpuestas era modificada sobre la marcha o desoída, se incurriría en una ilegalidad.
Lo que ocurrió entonces fue un problema con los tiempos. Al llegar la fecha límite, el 7 de noviembre, en la que se iban a otorgar las subvenciones, sólo uno de los 14 vocales había podido analizar la última remesa de carpetas. Pese a todo, los miembros prefirieron continuar, antes que remitir las ayudas al año siguiente. Las partidas de 2018 ya llevan un año de retraso, por lo que se supuso que el aplazamiento habría sido interpretado por la industria como dejadez de los miembros. Se terminaron subvencionando a un total de 42 cortometrajes, pero la clara irregularidad del último día ha sido tomada como una injusticia clara para con los títulos que quedaron en el último de los dosieres.
Otras irregularidades
Además de esta última irregularidad, en los últimos tiempos se han sucedido otras varias que, en última instancia, han provocado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos pidan la comparecencia del ministro de Cultura, José Guirao, para dar explicaciones.
Por un lado, la propia comisión del ICAA ha quedado en entredicho debido a que se ha sabido que cinco de los siete miembros que cada año renuevan el tribunal fueron elegidos personalmente por Beatriz Navas, directora general del Instituto elegida el verano pasado. Esa, estrictamente, no es una práctica prohibida, pero supone un cambio histórico en las reglas de funcionamiento habituales de la institución, que solía dejar esa decisión al consenso entre subdirectores. Además, solía recurrirse a una bolsa abierta, en la que podía apuntarse cualquiera que lo desease.
Por otro lado, Felipe Lage figura entre los miembros de la comisión que subvencionó a su hermano, Óliver Laxe. Felipe ya había producido, además, las dos películas anteriores de Óliver. Y también se ha sabido que Beatriz Navas no se abstuvo en la concesión de 796.000 euros a la productora en la que trabajó antes de salir elegida directora general. Ante esas noticias, el ICAA ha salvado la cabeza de Navas, explicando que la subvención se otorga por criterios objetivos, pero se ha comprometido a tomar medidas en el caso de los hermanos Lage/Laxe.