Es evidente que las recientes irregularidades en la obtención de títulos universitarios por políticos de todo signo y color, evidencian un problema de gestión y de control en la universidad española. Y dudo mucho que ese problema sea exclusivo de la URJC, una universidad en donde la inmensa mayoría de sus profesionales y titulaciones son impecables (por más que Escolar y sus medios tengan una sospechosa fijación con ella).
Confieso públicamente que he trabajado, estudiado y desarrollado proyectos con esa y otras muchas universidades españolas y por eso creo que la crítica general que se hace es injusta y falsa; si bien también creo que sería neciamente corporativista negar la existencia de serios problemas de gestión, casi siempre vinculados a la injerencia política y al histórico nepotismo de la cosa pública singularizado en ese galdosiano ¿Qué hay de lo mío?
No procede ahora realizar un barrido por los diversos escándalos de gestión universitaria en España, algunos de los cuales incluyen terroristas beneficiados con redención de penas por estudios jamás realizados y hasta cadáveres del instituto anatómico forense pudriéndose en los sótanos universitarios. De hacer ese repaso, no quedaría títere con cabeza y difícilmente se libraría una sola institución sometida a tan riguroso escrutinio (sindicatos, patronales, ONG, medios de comunicación públicos ... ).
En todas las universidades, incluso en las más prestigiosas, cuecen y han cocido habas. Nuestro sistema universitario - que no es en absoluto la mierda que algunos insinúan últimamente- exige mejoras importantes, especialmente en lo relativo al control de calidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción que en la universidad reviste la forma de nepotismo, amiguismo y tráfico de influencias. Muchas universidades - la URJC entre otras- son conscientes del problema y ya están realizando ese esfuerzo de responsabilidad social, pero el cambio cultural requiere décadas.
Los casos recientes de Cifuentes, Montón, Casado y Sánchez (estos deberían ser inevitablemente los próximos auditados) reúnen un mínimo común denominador: todos ellos tenían poder político cuando se matricularon y recibieron un trato de gracia absolutamente excepcional y discrecional. No entro a valorar si administrativamente tal favoritismo es o fue legal (eso lo decidirá el juez), pero si creo que fue muy excepcional en sus respectivos estudios pues ningún otro alumno de aquellos cursos fue tratado de igual modo. La conclusión lógica es pensar que fueron privilegiados por ser políticos.
Para recuperar la confianza en la comunidad académica, creo que las propias universidades en las que yo sí creo aunque no ciegamente tendrían que plantearse entre otras las siguientes medidas:
1. Auditoría rigurosa (ANECA o auditoría externa) de los títulos universitarios expedidos a personas que en el momento de matricularse fuesen políticos o tuviesen cargos de responsabilidad en la administración pública y grandes empresas públicas en privadas. O sea, auditoría de todos los expedientes de personas con poder político e institucional.
2. Anulación de cualquier título irregular que pudiese identificarse y sanción severa a los responsables de la irregularidad. De este modo, los dos actores del acto corrupto son castigados: el beneficiario del título lo perderá y quien se lo facilitó quedará inhabilitado.
3. Publicación en el portal de transparencia de titulaciones obtenidas por líderes políticos. Lo ideal sería un buscador que permitirá filtrar títulos a políticos por departamentos y universidades, de tal forma que fuese relativamente fácil extraer conclusiones y comprobar rápidamente qué universidades son más proclives a titular a políticos de qué partidos. En fin, lo que propugno es incorporar a la más del big data también este tipo de información que ya debe existir y estar publicada, pero que hoy por hoy resulta prácticamente inaccesible para alguien no avezado en la burocracia universitaria.
Y por supuesto estas medidas debieran ser adoptadas en TODAS las universidades españolas, sean públicas y privadas, no solo en las que señale Escolar y sus medios. La simple privacidad de la universidad, no impide que sea ésta también destinataria directa o indirecta de fondos públicos (pienso ahora en el IE y su sorprendente contratación como directiva de la esposa del presidente del gobierno o en la Universidad Camilo José Cela y el doctorado exprés e invisible de ese mismo presidente del gobierno).
¿Se animarán los rectores a implantar ésta y otras medidas para disipar la sombra de duda que se cierne sobre nuestras universidades? ¿Impulsarán nuestros políticos medidas similares que despejen las enormes dudas que hoy plantean sus currículum?