Mikel Buesa publica un nuevo libro: 'La pachorra conservadora'

En opinión del autor de este libro, Mariano Rajoy tiene un modo peculiar de gobernación: una mezcla de pachorra conservadora y de arte para explotar en su favor la incertidumbre de los demás. Por ello no se apresura a tomar decisiones y busca molestar lo menos posible a los poderes establecidos, entre ellos a los de su propio partido.

Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, colaborador habitual en La linterna (COPE) y La marimorena (13TV), así como columnista en La Razón y Libertad Digital, realiza en estas páginas un exhaustivo y profundo análisis de cuatro aspectos básicos del Estado desde que Rajoy asumiera la presidencia en diciembre de 2011: la economía, el dilema territorial, la corrupción y los partidos y, por último, el terrorismo. En todos ellos se han producido cambios muchas veces relevantes, incluso algo osados, pero que en demasiadas ocasiones se han quedado a la mitad del camino. Un reformismo, pues, de márgenes estrechos, que frena permanentemente las acciones a desarrollar, evitando en todo lo posible entrar en la procelosa arena de la política.

Un ensayo que habla de un tiempo de crisis y de su severidad para con los españoles. Que hace el balance de una época que, de haber sido otra, justificaría el gobierno del Partido Popular y daría por válida su gestión, incluso con una valoración muy favorable. Sin embargo, los tiempos en los que vivimos no son tan apacibles como para ello; y cuando se echa la vista atrás aparecen sombras que inquietan y numerosos problemas irresueltos.

Como ejemplo de esta pachorra, véase cómo aborda el libro la actuación del Gobierno en el problema secesionista:

La independencia de Cataluña

Entremos ahora a examinar con sentido prospectivo la independencia de Cataluña a la luz de la economía de la secesión y explicitemos de entrada que el principal supuesto sobre el que se sustenta el análisis que se realiza a continuación no es otro que el que prescinde de cualquier violencia para hacerla efectiva. Porque si, como ha ocurrido con tanta frecuencia en otros casos, la secesión catalana llegara a ser el resultado de un asalto bélico a la soberanía de España, entonces todos los cálculos, por razonables que puedan ser, no servirán para hacernos entrever las consecuencias económicas de tal acontecimiento.

Mi punto de partida, contrario al que expresan los nacionalistas para hablar de este asunto, es que, con su independencia, Cataluña se quedará fuera de la Unión Europea, de la Organización Mundial de Comercio, de Naciones Unidas, de la OTAN y de cualesquiera otras organizaciones internacionales a las que pertenezca España como estado reconocido por los demás socios de ellas. A este respecto, cabe recordar que, en términos del derecho internacional, como destaca Manuel Medina Ortega, aunque la resolución 1574/XV de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada en 1960, «proclamó el derecho a la libre determinación de todos los países y territorios sometidos a la dominación… colonial», esa misma organización estableció diez años después, en la resolución 2625/XXV, la garantía del «derecho de los estados a mantener su soberanía y su integridad territorial», de manera que «se rechaza ahora el derecho de cualquier minoría, etnia, región, nacionalidad, nación o pueblo a adquirir la independencia mediante declaraciones o actos unilaterales».

En definitiva, señala el profesor Medina Ortega, «la secesión de una parte de un estado… se rige por el derecho interno de ese estado», de forma que las declaraciones unilaterales de independencia «no merecen el reconocimiento jurídico de la comunidad internacional».

En la Unión Europea ocurre lo mismo. La separación de una región con respecto al estado al que pertenece es un acontecimiento no previsto en sus tratados constitutivos y, consecuentemente con ello, daría lugar a su exclusión de la Unión, quedando fuera de ella, tal como ha señalado el presidente de la Comisión, en varias ocasiones, dando respuesta a preguntas planteadas por diputados del Parlamento Europeo, y ha sido reiterado por los juristas especialistas en el derecho europeo.

La consecuencia inmediata de la exclusión de Cataluña de las instituciones europeas sería la aparición de fronteras donde antes no existían. Tales fronteras lo serían con España y con todos y cada uno de los socios de la Unión e implicarían una separación de carácter económico con costes para la economía catalana —y para las demás, aunque en todo caso muy inferiores debido a su mayor tamaño— derivados de cuatro hechos principales. El primero es que la Unión Europea, aun cuando es una de las zonas más abiertas al comercio del mundo, protege su mercado a través de una Tarifa Exterior Común en la que se definen unos derechos arancelarios que hay que pagar para introducir mercancías dentro de él. En el caso de las exportaciones catalanas, dada su composición, se puede estimar que la protección media de Europa —y de España en tanto que país comunitario— frente a ellas sería del 5,7 por ciento. El segundo se refiere a que, al quedar Cataluña sin anclaje en la Organización Mundial del Comercio, dejaría de disfrutar de cualquier ventaja en los países que tienen concertados acuerdos comerciales con la Unión Europea, con lo que se le dejaría de aplicar la llamada «cláusula de la nación más favorecida» —o sea, el régimen comercial más favorable para sus exportaciones— y tendría que afrontar en todos los mercados internacionales el mayor nivel de protección que los respectivos gobiernos hayan aprobado para ellos. El tercero alude a los costes de transacción que implica atravesar las fronteras y que se concretan en el papeleo que debe gestionarse, las paradas para inspección de las mercancías, el seguro de cambio y otras formalidades; unos costes que la OCDE estima en hasta un 13 por ciento del valor de las exportaciones a los países desarrollados. Y el cuarto guarda relación con el «efecto frontera» al que me he referido en el epígrafe anterior y que afecta al comercio de Cataluña con el resto de España. Las estimaciones más recientes de este efecto señalan que la intensidad de esta relación es, para las exportaciones catalanas a las demás regiones españolas, 57 veces mayor que con cualquier otro país del mundo en condiciones de igualdad de tamaño económico y distancia geográfica. Si esa intensidad se redujera a un tercio como consecuencia de la secesión, al separarse los mercados, tendría el mismo efecto que la imposición de una barrera arancelaria del 27 por ciento sobre el valor de las ventas de productos catalanes en España.

Estos son los elementos a partir de los cuales se puede hacer una proyección razonable del impacto que tendrían las fronteras de Cataluña para sus exportaciones. Referiré los cálculos al año 2011, pues es el más reciente para el que se dispone de datos oficiales de la distribución geográfica del comercio exterior catalán (véase el gráfico 23) y tendré en cuenta las estimaciones del Banco de España sobre la elasticidad precio de las exportaciones españolas. Los resultados de esa proyección destacan la reducción del comercio que, tras la independencia, afectará especialmente a las exportaciones hacia España y en mucha menor medida hacia los demás países de la Unión Europea. Para las ventas al resto del mundo no se dispone de suficientes datos, motivo por el cual no se han modificado en los cálculos, aunque, debido a la desvinculación de Cataluña con la Organización Mundial del Comercio y la aplicación del régimen comercial más desfavorable, experimentarán algún retroceso. En conjunto, como se ve en el cuadro 5, las ventas de Cataluña en el exterior se reducirán en más de 30.000 millones de euros, lo que supondrá una caída de actividad equivalente al 16,4 por ciento del PIB. El comportamiento de la exportación no será la única causa de la caída del PIB tras la independencia de Cataluña. Es de prever también que, enfrentadas a los efectos del aumento de la protección en los mercados europeos, un buen número de empresas opten por deslocalizar su actividad productiva y abandonen total o parcialmente el territorio catalán. Ha habido anuncios de empresas concretas a este respecto —como son los casos del Grupo

Planeta, Volkswagen-Audi España, Arbora & Ausonia, Sanofi, Asea Brown Boveri, Bayer, La Jijonenca, Simon, GVC Gaesco, Optum, General Electric o Piaggio—, pero se carece de estudios sistemáticos al respecto. Noticias de prensa señalan que, desde 2010, en torno a 1.500 empresas catalanas se habrían deslocalizado ya en otras regiones de España —con preferencia en Madrid y de las exportaciones se haya reducido drásticamente, según el Banco de España, explica la mayor parte de dicha diferencia. Por lo demás, el resultado que aquí se expone es similar al obtenido, siguiendo otro procedimiento, por Clemente Polo, «El peso de las exportaciones en la economía catalana», incluido en Oriol Amat et al., La cuestión catalana hoy, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2013.

Aragón— o en el extranjero. Por ello, es plausible esta hipótesis de deslocalización vinculada a la independencia, aunque no podamos avanzar la dimensión que pudiera alcanzar. En todo caso, una reducción del PIB como la aquí calculada introduciría una brecha de casi 19 puntos porcentuales en el PIB por habitante que, si la evolución de Cataluña fuera como la española del último cuarto de siglo, con respecto al promedio de la Unión Europea, tardaría dos décadas en recuperarse. Dicho de otra manera, el nivel de bienestar de los catalanes experimentará, en términos relativos con Europa, un retroceso de veinte años con la independencia. Un indicador genuino de esta pérdida de bienestar nos lo da el nivel de empleo. La caída de la actividad que he estimado tendría su reflejo en la destrucción de unos 530.000 puestos de trabajo, con lo que la tasa de desempleo de Cataluña llegaría a situarse por encima del 33 por ciento de la población activa.

En este escenario tan desastroso, con un paro insoportable, las finanzas de la Generalitat podrían acabar siendo insostenibles. En el cuadro 6 se muestra una simulación de lo que podría ocurrir. En el capítulo de gastos se recogen, con datos de 2011 para mantener el mismo año base que en el análisis del comercio, los que actualmente realiza el gobierno catalán en el ejercicio de sus competencias, los que corresponden al Estado y son atribuibles a la región —según la estimación efectuada por la propia Generalitat en su balanza fiscal con el método carga-beneficio— y los de la Seguridad Social. Nótese que, en este ejercicio, no se amplían los gastos del nuevo estado catalán más allá del nivel actual del gasto público en Cataluña y, por tanto, no se ha supuesto que la independencia ofrece la oportunidad para aumentar este, como se sostiene en los relatos nacionalistas. Por otra parte, en el capítulo de ingresos se ha contemplado el conjunto de la recaudación de impuestos —gran parte de los cuales son ahora administrados por la Agencia Tributaria—, proyectando las cifras actuales en función de la caída prevista del PIB a partir de una ecuación lineal que relaciona ambas variables. Y también se han estimado las cotizaciones a la Seguridad Social que corresponderían al nivel de empleo derivado de la caída en el PIB. El resultado, como puede verse, es inverso al de los relatos nacionalistas, toda vez que lo que se aprecia es un déficit público de gran dimensión, difícilmente sostenible.

En apretada síntesis, lo que se deriva del análisis de la secesión catalana es que, como ya ha ocurrido antes en otros países, la independencia, incluso en condiciones pacíficas, puede suponer un grave shock para la economía de Cataluña que le hará retroceder no menos de dos décadas en su proceso de desarrollo, empobrecerá a sus habitantes y arrasará sus finanzas públicas. Y sobre este cuadro general se agregarán los problemas del endeudamiento, el desempleo o los sesgos totalitarios del nacionalismo. Josep Pla lo supo ver, hace muchos años, con indudable talento cuando, poco antes de su muerte, según cuenta el profesor Antonio Cerdá, escribió una carta al presidente Tarradellas en la que le pedía que no se fiara de los nacionalistas, porque «apenas sirven para nada», y le aconsejaba que «el catalanismo no debía prescindir de España porque los catalanes fabrican muchos calzoncillos, pero no tienen tantos culos». Sígase, pues, su consejo.

Mikel Buesa, La pachorra conservadora: Política y economía en la gobernación de Rajoy, La Esfera de los Libros, 352 páginas