El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a la Comunidad de Madrid a que investigue si tras el rodaje de la película Blancanieves se produjo maltrato animal. En una sentencia, la Sección Décima de lo Contencioso Administrativo condena a la Dirección General de Medio Ambiente madrileña a iniciar un procedimiento sancionador para investigar los hechos acontecidos en la plaza de toros de Aranjuez.
La Asociación Plataforma Estrategia Animalista denunció en el Juzgado Contencioso Administrativo número 31 de Madrid que "se habían filmado imágenes que suponían la muerte de nueve toros sin la correspondiente autorización para realizar un espectáculo público de festejos taurinos" habiéndose cometido infracciones muy graves tipificadas en la Ley de protección de Animales Domésticos y en la Ley para el Cuidado de los Animales de Explotación, Experimentación y Sacrifico.
El juzgado de primera instancia archivó este procedimiento al considerar que la asociación a favor de los animales no estaba legitimada para ejercer la acusación popular porque no había aportados sus Estatutos ni en vía administrativa ni en sede jurisdiccional, que no había acreditado que su objeto social fuera la defensa de los animales ni, por tanto, su interés legítimo en el proceso.
Ahora, el TSJM tumba esa decisión y condena a la Comunidad de Madrid a investigar el posible maltrato animal. La Sala alega que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo establece que "la Administración no puede desconocer en sede jurisdiccional la legitimación activa que ella mismas ha admitido en vía administrativa".
En esta ocasión, el expediente revelaba que la Comunidad de Madrid admitió vía administrativa la legitimación de la ahora apelante, pues entró a pronunciarse sobre el fondo sin negarle interés legítimo en el procedimiento, explican los magistrados. Ahora, el Gobierno de Ignacio González deberá abrir un expediente sancionador para ver qué ocurrió con los nueve toros de lidia en el rodaje de Blancanieves.
En un comunicado la asociación ha señalado que "celebramos esta sentencia, que supone un paso adelante en la defensa de los animales, más aún cuando es la propia administración competente para aplicar las leyes de protección animal la que omite la aplicación de éstas".