Rómulo, un madrileño de 38 años, desesperado por su situación, ha decidido hacerlo. Ha sido repartidor, camarero y obrero de la construcción, pero desde hace dieciocho meses está en paro. Sin ingreso alguno, dice que "tiene que buscarse la vida" y que "dado que los políticos han hecho de la política un negocio", él ha decido participar del mismo.
Ayer colgó anuncios por el centro de Madrid con el rótulo "Vendo mi voto" y su número de teléfono. Según confiesa, dos partidos están pujando en la subasta que comenzó con un precio de partida de 50 euros y un día después ya ha alcanzado los 150. Cree que el precio puede llegar hasta los 200 o los 300 euros, una cantidad que desde luego no le resuelve la vida, pero le permite cubrir la mitad de sus gastos mensuales: comida y habitación en un piso compartido.
Los votos también se "pescan en la red". De la mayor tienda mundial, eBay, ya se han retirado anuncios similares a los de Romualdo para evitar ser acusados de inducir al delito. La Ley Electoral establece pena pena de presión de seis meses a tres años o multa de doce a venticuatro meses para "quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten, directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención". También prevé la misma pena para quienes "descubran el secreto de voto".
Los que optan por subastarlo ofrecen grabar en vídeo el proceso dentro de la cabina electoral para demostrar al partido correspondiente que el sobre contiene su papeleta. Una vez fuera de la cabina, el representante del partido sigue discretamente al elector hasta la mesa donde deposita su voto. Igual que ocurría en el siglo XIX, aunque ahora se grabe en un teléfono móvil.