Dos nuevas sentencias de distintos juzgados de lo penal fechadas en 2015 confirman de nuevo que es ilegal la importación y venta de tarjetas R4 para jugar con videojuegos descargados ilícitamente de internet.
Un juzgado de lo Penal de Bilbao condenó, con fecha 27 de marzo de 2015, a los administradores de la empresa Myrtle LLC por infracciones a la propiedad intelectual. Myrtle importó tarjetas R4 que a la postre fueron incautadas por las autoridades aduaneras del aeropuerto de Barajas.
Anteriormente, en otro caso diferente a comienzos de este año, una sentencia de un juzgado de lo Penal de Sevilla confirmó que los propietarios de la tienda Gigabyte Sistemas infringieron la ley al vender tarjetas R4 que permiten a los usuarios jugar con copias ilegales de videojuegos Nintendo. La asociación española de videojuegos, AEVI, presentó denuncia una vez que Gigabyte hizo caso omiso del requerimiento de Nintendo para cesar la venta de este tipo de dispositivos.
Ambas sentencias penalizaron a los imputados con penas de 3 a 6 meses de cárcel, multas para el juzgado y daños para Nintendo. Las sentencias no son todavía firmes y pueden ser recurridas, pero se suman a otras pasadas como la del juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid (26 de marzo de 2012), el juzgado de lo Penal nº 7 de Palma de Mallorca (15 de febrero de 2011) o la del juzgado de lo Penal nº 5 de Palma de Mallorca (10 de septiembre de 2010).
Además, la sentencia condenatoria del juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona (28 de abril de 2014), contra la cadena de tiendas físicas y online de componentes electrónicos Chipspain, demuestra que los titulares de derechos pueden hacer uso tanto de los juzgados penales como de los civiles para emprender acciones legales contra los vendedores de tarjetas R4.
Según indica la ley, está firmemente establecido en toda Europa que la promoción, anuncio, importación, distribución, venta y posesión con fines comerciales de tarjetas R4 y dispositivos similares infringe la propiedad intelectual de Nintendo. Además de estas sentencias, el recientemente reformado Código Penal, que entra en vigor el próximo 1 de julio, clarifica aún más que la importación, distribución, venta y/o posesión de dispositivos diseñados para romper o neutralizar las medidas tecnológicas que protegen los derechos de propiedad intelectual es un delito criminal, e introduce penas más severas de hasta 3 años de cárcel.