Cómo Málaga ha convertido unos bloques de hormigón en uno de los inventos del año

En 1949, el almirante Hyman Rickover fue nombrado director de reactores navales del ejército de EEUU y entró en la división de reactores nucleares de la Comisión para la Energía Atómica del país. Desde esa posición eligió los reactores de agua a presión para propulsar el Nautilus, el primer submarino nuclear de la historia y el modelo que seguirían este tipo de embarcaciones en el futuro.

La decisión no solo tuvo consecuencias militares. Una vez que el reactor de agua a presión consiguió el apoyo del Gobierno, el resto de tecnologías lo tuvieron muy difícil para entrar en el mercado y eso determinó el futuro de la energía nuclear civil. Más de medio siglo después, y pese a no ser la tecnología más segura de todas las disponibles, los reactores de agua a presión siguen dominando en EEUU y eran los que hacían funcionar los reactores de las centrales nucleares de Fukushima o Garoña.

Aunque puede que no sea exactamente positivo, el ejemplo de la energía nuclear muestra la gran influencia que puede tener el Estado sobre la innovación tecnológica. Ahora, en Europa, se quiere aprovechar ese impulso para superar una deficiencia histórica. "En Europa y en España somos muy buenos convirtiendo el dinero en conocimiento, como muestran los resultados que obtienen nuestros investigadores en términos de publicación", afirma Luis Cueto, subdirector General de Fomento de la Innovacion Empresarial de la Secretaría de Estado de I+D+I. En un encuentro organizado por la consultora Silo (Science and Innovation Link Office) en la sede de la Fundación Pons en Madrid, Cueto recordaba, sin embargo, que las clasificaciones de innovación muestran que somos bastante peores convirtiendo el conocimiento en dinero.

Una de las herramientas para corregir este defecto es la llamada "compra pública innovadora". Este sistema busca que las administraciones públicas, desde los ayuntamientos al Estado central, se impliquen de una forma más directa en los procesos de innovación. Según los cálculos del Gobierno, las administraciones se gastan todos los años 140.000 millones de euros en compras. En 2011, el Gobierno marcó el objetivo de que el 3% de esas inversiones, unos 600 millones al año, se dedicasen a la compra innovadora.

Este mecanismo permitiría, por un lado, que el Estado invirtiese en I+D con objetivos concretos. Los programas públicos para fomentar la investigación básica, como los que financian los proyectos de centros de investigación o universidades, suelen aceptar lo mejor que llega entre una serie de propuestas planteadas casi sin restricciones. En el caso de la compra pública, sin embargo, la Administración pediría a empresas que creasen una solución tecnológica para un problema determinado y, al tratarse de un contrato, podría esquivar los impedimentos de la Unión Europea a que el dinero público financie productos que van a competir con compañías privadas.

Ahora, un ayuntamiento que busque un método para mejorar la recogida de basuras, por ejemplo, en lugar de contratar soluciones probadas pero con eficiencia mejorable, puede pedir a una serie de empresas que presenten propuestas distintas, desde el desarrollo de un brazo robótico que instalar en los camiones que ya recogen los desechos hasta un sistema que cambiase por completo el concepto de la recogida de basuras. Una vez seleccionado el proyecto, la empresa y el ayuntamiento compartirían la inversión y el riesgo del desarrollo de la tecnología, pero también los beneficios en caso de que se culminase con éxito.

Con este sistema "se comparte la propiedad industrial, que la Administración suele matar porque no acostumbra a ir vendiendo el producto que ha adquirido por otros países", apunta Cueto. La empresa, por su lado, además de obtener un contrato con la Administración, habrá tenido la oportunidad de poner a prueba su tecnología y mostrar su eficacia, y tendrá más capacidad para competir en todo el mundo cuando quiera comercializarla.

Rompeolas que se reparan solos

En España ya hay en marcha proyectos que ponen a prueba las posibilidades de la compra pública innovadora. Uno de ellos es el que han llevado a cabo la constructora OHL y la autoridad portuaria de Málaga. Para habilitar y mejorar una parte del puerto de la ciudad, se empleó el Cubípodo, un tipo de piezas de hormigón empleadas para sustituir a los cubos que se suelen emplear en los diques de algunos puertos.

El diseño de estos bloques, patentado por la Universidad Politécnica de Valencia, con protuberancias en cada cara, ofrece muchas ventajas. Crean estructuras que absorben mejor los impactos del oleaje y se colocan de una forma casi natural en disposición aleatoria, recolocándose incluso cuando un temporal ha obligado a sustituir un cubípodo dañado.

"Son más rápidos y baratos de producir"

Además, son más rápidos y baratos de producir (suponen un ahorro de entre el 15% y el 45%), tienen una menor huella energética y de carbono y no tienden a pegarse cara contra cara como los cubos convencionales, algo que les permite mantener su efectividad más tiempo. Todas estas ventajas, además de lograr un segundo contrato para colocar cubípodos en el puerto de La Coruña, le servirán al Grupo OHL "para mostrar esas referencias en el mercado internacional y poder competir", afirma Manuel Villén, director de innovación y sostenibilidad de la compañía.

Esto será posible, según Villén, porque en la Administración hubo personas valientes que apostaron por la compra pública innovadora. En este sentido, Felipe Díaz, gerente de la Empresa Municipal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Móstoles, reconoce que en el ámbito público hay una tendencia al conservadurismo porque los éxitos por salirse de los procedimientos habituales no se reconocen y los fracasos por hacerlo se penalizan mucho.

Un segundo modelo de acuerdo con compra pública innovadora se encuentra en Galicia. Allí, el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha llegado a un acuerdo con la multinacional General Electric para probar la tecnología hospitalaria del futuro. Este enfoque, centrado en el paciente y basado en una asistencia abierta y participativa, hará una demostración de muchos de los desarrollos necesarios para lograr una sanidad más sostenible y eficiente, que incluyen desde el control a distancia de los enfermos, la imagen médica o el uso eficiente del agua o la energía y la gestión integral de residuos.

Además, como recordó Diego Moñux, socio ejecutivo de Silo, todos estos avances serán financiados en un 80% por los fondos europeos de cohesión (FEDER), una ventaja de la que, junto a Galicia, aún pueden disfrutar en España Extremadura y Canarias, que recibiría incluso el 85%. Moñux insistió en la importancia de aprovechar esta oportunidad que ofrecen los fondos europeos que en el resto de las comunidades españolas cubrirían el 50% del coste de los proyectos.

Laboratorio para empresas innovadoras

La compra pública innovadora ha introducido la posibilidad de hacer contratos mucho más flexibles y de asumir riesgos para obtener mayores beneficios sociales y económicos. "En España, hasta hace poco, en los contratos del ejército, para un chaleco antibalas se pedía experiencia demostrada en combate", explica Jorge Barrero, adjunto a la dirección de Asebio (Asociación Española de Bioempresas). "Por eso, la mayor parte de las prendas que se utilizaban en España eran importadas", añade.

"Los concursos, antes de 2007, se planteaban así porque el único criterio era optar por el producto que tuviese más experiencia y eso va contra la innovación", afirma. Estos criterios tan estrictos también habrían dificultado la introducción de los particulares cubos de OHL, porque con los convencionales, por definición, se podría probar una mayor experiencia en obras ya realizadas.

A partir de ahora, tanto desde el Gobierno como desde las agrupaciones de empresas innovadoras quieren acercar a ayuntamientos o comunidades autónomas con las compañías que pueden encontrar soluciones a problemas, en su sistema de salud o sus infraestructuras, que quizá ni saben que tienen. "Identificad la necesidad y motivarla, no esperéis a que la administración os diga que va a comprar, decidles qué pueden comprar", anima Barrero. Como ejemplo, recordó lo que desde Asebio habían hecho con la Comunidad de Castilla-La Mancha, proponiendo todo un plan de bioeconomía para la región bautizado como Clamber que les permitiría aprovechar, por ejemplo, la gran cantidad de residuos orgánicos de sus cultivos y convertirlos en energía.

Según recordó Cueto, el pasado 28 de febrero se publicó una directiva europea sobre compra pública innovadora. España tiene tiempo para adaptarla a la legislación nacional hasta el 2016, pero el subdirector del Ministerio de Economía y Competitividad considera que sería mejor hacerlo cuanto antes. El Estado ha reservado ya 300 millones de euros para dedicarlos a soluciones innovadoras para sus necesidades. "Puede que España no vaya a ser un gran cliente, pero puede convertirse en el mejor laboratorio de Europa para las empresas innovadoras", concluye Cueto.