El pasado mes de octubre, la Fundación Amancio Ortega anunció la donación de 280 millones de euros para adquirir diez aceleradores de protones que colocarían a España a la vanguardia europea en el tratamiento de los tumores más inaccesibles y del cáncer infantil. La llegada de la protonterapia a la sanidad pública, celebrada como una extraordinaria noticia por médicos y pacientes, fue criticada por algunos sectores de la izquierda mientras el Gobierno trató de convertirse en protagonista de una donación que beneficiará a miles de enfermos y a sus familias.
La noticia puso de actualidad la realidad que viven muchos pacientes: hasta hace muy poco, en España no existía este tipo de tratamientos y los enfermos que lo necesitaban eran derivados a centros hospitalarios en el extranjero, sobre todo en Italia, Francia y Alemania. Hace dos años, dos centros privados, Quirón Salud y la Clínica Navarra crearon en Madrid dos centros de protonterapia que supusieron un alivio para muchos pacientes derivados de la Sanidad pública. Sin embargo, no todas las comunidades optaron por derivar a los enfermos a la privada: según ha contado El Mundo, familias catalanas fueron enviadas a otros países y no a Madrid en una decisión que no acertaban a explicar desde la Generalidad de Cataluña.
La semana pasada, Ciudadanos presentó una moción en el parlamento catalán sobre política sanitaria en la que se incluía en su primer punto que se daría prioridad, siempre siguiendo los criterios clínicos, "a la derivación a hospitales de otros autonomías de acreditada solvencia técnica" frente a las derivaciones al extranjero. La diputada Anna Grau anunció que ERC se sumaba a la propuesta, algo que evitaría unas decisiones que "han pagado las familias" de los niños catalanes afectados, que han tenido que trasladarse "a muchos kilómetros de casa para abordar un largo tratamiento" en un entorno extraño y en una lengua desconocida.
La futura implantación de la protonterapia en el sistema público de salud con las máquinas donadas por Amancio Ortega terminará de resolver el problema: Cataluña recibirá dos aceleradores de protones, que serán instalados, según el compromiso de la Generalidad, en el Parque Sanitario Pere Virgili de Barcelona. Se prevé que estén en marcha en un plazo máximo de cuatro años y que traten hasta 200 pacientes el primer año.
A ellos se suman las otras ocho máquinas de las que poco a poco se va conociendo su ubicación: las dos de Madrid se instalarán en La Paz y en Fuenlabrada; las dos de Andalucía, en Sevilla y Málaga; Galicia instalará el suyo en La Coruña y la Comunidad Valenciana, en el hospital de la Fe de Valencia. Canarias, mientras, instalará otro en el Hospital Universitario de Gran Canaria. El País Vasco contará con otra máquina.
Desde la Fundación Amancio Ortega destacan a LD que uno de los objetivos de esta donación era situar a España "en el grupo de cabeza" entre los países que cuentan con esta tecnología y también dotar al sistema sanitario de la capacidad de "tratar cada año a miles de pacientes cerca de su lugar de residencia". Esa es, precisamente, una de las principales demandas de la Asociación Española contra el Cáncer: lograr que los pacientes españoles reciban el mejor tratamiento vivan donde vivan, algo para lo que será clave esta donación así como la donación de aparatos de radioterapia que lleva efectuando la fundación desde 2017 para renovar el equipamiento tecnológico de los hospitales públicos. Se estima que un 60% de los pacientes con cáncer necesita ser tratado con radioterapia en algún momento de su enfermedad.
La Fundación destaca a LD que el programa de renovación de equipos de radioterapia está "a punto de completarse" y ha permitido la instalación de 450 equipos de última generación con las máximas prestaciones disponibles en el mercado. En cuanto a la protonterapia, destacan que la idea de la donación surgió "de manera muy natural" en este "entorno de estrecha colaboración y comunicación entre la Fundación Amancio Ortega y los profesionales y gestores de la sanidad pública". "La incorporación de la protonterapia estaba entre los planes de la administración, y por parte de la Fundación Amancio Ortega existía la voluntad de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la sanidad pública", explican, y "estas dos voluntades hicieron posible la firma del convenio" para la donación de los 280 millones de euros.