El certificado covid para interiores divide a las CCAA: ¿seguridad o discriminación?

La posibilidad de exigir el certificado covid para acceder al interior de algunos establecimientos ha generado un nuevo debate entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que siguen exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que coordine esta norma a nivel nacional para evitar que los ciudadanos se vuelvan "locos".

Por el momento solo hay dos comunidades, Canarias y Galicia, que piden tener la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar a los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia, una alternativa que también han adoptado algunos países europeos. Pero mientras en estas dos autonomías es ya un hecho, otras lo rechazan de plano.

La Generalidad catalana ha descartado la medida para evitar "perjudicar" a quienes aún no han recibido la vacuna. "En estos momentos, no es una realidad", dijo ayer la portavoz Patricia Plaja, aunque no descarta que en un futuro se estudie su implementación porque "las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles".

Otra comunidad que no lo contempla es Madrid, que "de momento" no prevé solicitar ningún documento en hostelería o lugares de ocio, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que "por una vez ejerza labores de coordinación" para su aplicación.

En esa misma línea se manifestó Castilla-La Mancha, cuya portavoz, Blanca Fernández, afirmó que esta medida debe adoptarse en el marco nacional, porque "si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas".

De la misma forma, el presidente valenciano, Ximo Puig, no ve "oportuno" ni "correcto" que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población: "Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas", ha destacado Puig.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya preguntada por la posibilidad de utilizar el certificado digital de la UE con esa finalidad, recalcó el carácter europeo de ese documento y que su objetivo es facilitar la movilidad entre países, avalando que su usuario está vacunado, ha pasado la enfermedad o dispone de una prueba diagnóstica negativa.

Darias hizo hincapié en que es necesaria una regulación legal para permitir el uso que propone Galicia de ese documento el certificado digital europeo de momento solo está aprobado para facilitar la movilidad entre países y hay que ver desde el punto de vista legal cómo se le puede dar otros usos.

Faltan vacunas para la quinta ola

Muchas comunidades también exigen desde hace días más dosis de las vacunas, una petición que trasladarán a la Conferencia de Presidentes. Es el caso de Madrid, Andalucía o Murcia, entre otras.

El consejero andaluz de la Presidencia, insistió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se plante ante la Unión Europea y las farmacéuticas y garantice a la comunidad un mayor número de vacunas para hacer frente a la quinta ola.

Madrid culpa de los problemas con las segundas dosis a la falta de vacunas; según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la región necesita aún 3,5 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana pendiente.

El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, también ha reclamado un mayor envío de vacunas y que se facilite el calendario de distribución a las regiones para poder cumplir el objetivo de tener inmunizado al 70 por ciento de la población este verano: "Al ritmo actual —aseguró—, no solo Murcia no alcanzará ese porcentaje, sino que tampoco lo hará España".

Tanto la ministra como la secretaria de Estado, Silvia Calzón, han reiterado que ningún territorio tendrá "problemas de rotura de stock" por falta de viales, y por tanto han recomendado seguir pinchando primeras dosis.