Vacío legal e inseguridad jurídica, el legado del Gobierno tras meses en estado de alarma

Comienza la cuenta atrás. El próximo 9 de mayo, el estado de alarma llegará a su fin y las comunidades autónomas están perfilando sus estrategias para contener el coronavirus, a partir de ese momento. Muchas de ellas tenían sus esperanzas puestas en lo que les pudiera trasladar la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante el último Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, celebrado el miércoles por la tarde.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no ha considerado que sea necesario modificar el marco legal, ni adoptar medidas adicionales. Se ha limitado a restablecer las restricciones que imperaban antes de la declaración del último estado de alarma, como acotar horarios a la hostelería y establecimientos comerciales, el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El motivo, según ha dicho Darias, es que el estado de alarma, conforme aparece regulado en la Constitución Española, está previsto "para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die en el tiempo".

En conclusión, volverán a estar vigentes las actuaciones adoptadas por el Consejo Interterritorial entre agosto y octubre de 2020, que permiten a los ejecutivos regionales limitar horarios y aforos. Pero poco más. Sin embargo, en opinión de la ministra, estas medidas "son suficientes para mantener el virus a raya".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que defendió durante meses el estado de alarma como marco necesario e imprescindible para la contención de la pandemia, se desentiende en este momento de la partida. Ahora, nos basta y nos sobra con las herramientas que la legislación ordinaria ofrece a las comunidades para controlar la propagación del virus. Y, además, se vanagloria del real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros, que les permite recurrir en casación al Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia, de manera que el alto tribunal tenga la última palabra y pueda unificar doctrina al respecto.

Sin embargo, el propio Supremo ya le ha dado un tirón de orejas por no haber legislado nada durante la pandemia. En su primer informe sobre el decreto-ley aprobado por el Gobierno, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo menciona -además- "el problema de la posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada (decreto-ley) para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales".

Por otra parte, el alto tribunal advierte de que su función no es la de gobernar. El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa, ha explicado -en una entrevista con la Agencia Efe- que la fórmula de que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema". "Esas decisiones corresponden a los poderes públicos", ha aseverado.

El papel del Supremo

En definitiva, según el mencionado decreto-ley, los toques de queda y los cierres perimetrales, que muchas comunidades quieren mantener, quedan en manos del Tribunal del Supremo, cuando los tribunales superiores de justicia no los avalen.

Navarra, Castilla-La Mancha o Baleares son partidarias de mantener el actual toque de queda. La Comunidad Valenciana también, aunque estudia una limitación horaria más reducida. Y el País Vasco ultima un decreto, cuyo contenido no ha desvelado, que podría tener un horizonte de aplicación de cuatro o seis semanas. Por el contario, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Madrid ya han anunciado que no prohibirán la circulación de personas durante la noche.

En cuanto a los cierres perimetrales, buena parte de los gobiernos autonómicos prevén su uso para controlar la propagación del Sars-Cov-2 en los municipios con mayor incidencia del virus.

¿Unidad de doctrina?

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que se arbitre un mecanismo para que haya "una cierta homogeneidad de doctrina" en el Tribunal Supremo para dar respuesta a las comunidades que pidan la puesta en marcha de medidas que limiten derechos fundamentales sin el estado de alarma.

Según ha explicado, la Fiscalía se pronunció este miércoles al respecto de las restricciones "intentando alertar" de la importancia de que existan "todas las cautelas" para preservar derechos fundamentales. Por tanto, si hay que limitarlos, porque las comunidades "como última opción" tengan que dictar toque de queda o confinamientos perimetrales, deben hacerlo "con la justificación oportuna" y con el refrendo del poder judicial.

Sin embargo, parece que el real decreto aprobado el Gobierno el pasado martes para que los ejecutivos autonómicos puedan recurrir al Supremo y evitar que se repita la disparidad de resoluciones judiciales del verano pasado, no será suficiente.

Los gobiernos regionales sólo apelarán al alto tribunal cuando el TSJ de turno tumbe sus intenciones. Por tanto, se dará la circunstancia de haya comunidades donde puedan implantarse estas restricciones (toque de queda y cierre perimetral) con el aval de un tribunal superior de justicia, y otras donde tengan que recurrir al Supremo, que –de momento- no sabemos qué decidiría.

En Baleares, habrá toque de queda

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anunciado que va a autorizar las medidas aprobadas ayer el Ejecutivo de las islas y que entrarán en vigor cuando finalice el estado de alarma, el 9 de mayo, convirtiéndose en el primer tribunal que aprueba la limitación de un derecho fundamental para controlar la pandemia.

La principal restricción que avalan los jueces es la de mantener el toque de queda de 23:00 a las 6:00 horas de la mañana. También dan su autorización a la limitación de seis personas en los encuentros privados.

Andalucía vaticina 17 modelos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que el Gobierno central no haya dialogado el escenario posterior al final del estado de alarma con las comunidades autónomas. Por una "decisión unitaleral" -ha dicho- habrá 17 modelos distintos en España. Y, según la información de la que ya disponemos, no se equivoca.

En su opinión, "el estado de alarma tenía que haber sido negociado con las comunidades por medio de la cogobernanza". Él esperaba que el Ejecutivo socialista hubiera creado una nueva "fórmula jurídica para limitar la movilidad". Pero no ha sido así.

En consecuencia, tras debatirlo en el comité de expertos, el Gobierno andaluz ha decidido levantar el toque de queda, eliminar el cierre perimetral de la región, reabrir el ocio nocturno (hasta las 02:00 horas), y ampliar el horario de apertura de la hostelería (hasta las 00.00 horas).

No obstante, ha matizado, prevé pedir ratificación judicial para imponer el cierre perimetral de municipios cuando la situación epidemiológica lo requiera. En los que cuenten con una población mayor a 5.000 habitantes, será cuando superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días, en cuyo caso se prohibirá -además- la actividad comercial no esencial. En los municipios con menos de 5.000 habitantes, el caso se estudiará de manera individualizada.

La desescalada se hará en tres fases, en las que serán ampliando horarios y aforos progresivamente: Fase 1, de Estabilización (9-31 mayo); Fase 2, de Avance (1-21 junio), y Fase 3, de Normalización (21 junio en adelante).

En Cantabria, control por municipios

El Gobierno cántabro ha anunciado que el 11 de mayo publicará una resolución que incluirá el control de la evolución de la pandemia por municipios, con medidas que eviten tener que recurrir al cierre perimetral de las localidades. Aunque tampoco se lo descarta, si la situación epidemiológica lo requiere. El objetivo es garantizar la salud.

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, no se ha extendido en los detalles pero sí ha explicado que se trata de un nuevo modelo para contener el avance de la pandemia a través del control sobre los 102 municipios de la región. Harán un seguimiento sobre cómo evoluciona el virus en cada uno de ellos y aplicarán las medidas pertinentes.

Las limitaciones que se implementarán en cada municipio -ha afirmado- se adoptarán teniendo en cuenta la incidencia del virus, la positividad, la afección sobre mayores de 65 años, la población total y "una vista general sobre la situación de los hospitales".

Sobre la prórroga durante 14 días del cierre del interior de la hostelería, anunciada ayer por el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, Zuloaga ha explicado que tendrá vigencia hasta ese 11 de mayo. A partir de ese momento, solo se aplicará en los municipios en los que la situación lo exija, atendiendo a los parámetros mencionados.

En Galicia, cierre perimetral parcial

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el cierre perimetral solo se mantendrá en los cinco municipios que están en nivel máximo: Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza y Padrón.

Además, en estas localidades, seguirá cerrada la hostelería. En el resto, los bares podrán abrir hasta las 23:00 horas y los restaurantes hasta las 01:00 horas.

Por otra parte, el Gobierno autonómico va a solicitar autorización al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para prohibir las reuniones nocturnas de no convivientes en los hogares (entre la una de la madrugada y las seis de la mañana).

Se flexibilizarán -sin embargo- las medidas en relación con la actividad exterior en los centros de mayores, así como con las visitas. Entre otras cosas, se volverá a permitir el "contacto físico" durante las mismas, de manera que las familias podrán volver a abrazar a los mayores, ha destacado Feijóo.

En Valencia, toque de queda reducido

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había avanzado que quiere realizar una "desescalada prudente y progresiva" para "llegar al verano con la máxima normalidad que se pueda", y que para conseguirlo pedirá permiso al Tribunal Superior de Justicia para mantener un toque de queda reducido.

Lo último que sabemos al respecto es que el Gobierno valenciano estudia retrasarlo para que se aplique desde la medianoche y hasta las seis de la mañana. Posibilidad que se tratará en la próxima reunión de la Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la covid-19, en la que también revisarán otras restricciones como el límite de máximo de personas que pueden participar en reuniones sociales y familiares. Actualmente es de 6 y podría ampliarse a 10.

Ximo Puig ya ha comunicado también que está previsto levantar el cierre perimetral de la región, que se viene aplicando desde el pasado 30 de octubre de forma ininterrumpida.

Por su parte, la patronal CONHOSTUR ha pedido ampliar de un tercio a dos el aforo interior de estos locales, así como el horario de cierre hasta la medianoche, para poder recuperar el servicio de cenas. Solicita también que se reabra el ocio nocturno, tras soportar un año de cierre.