El Ministerio de Sanidad ha respondido al requerimiento al que le obligó hace diez días el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con una notificación remitida este jueves en la que elude dar a conocer los nombres del comité de expertos. Argumenta que la propia Ley de Transparencia le obliga a pedir antes a estos expertos que se pronuncien sobre la citada solicitud de información.
En una breve notificación realizada por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Sanidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento de Salvador Illa señala al particular reclamante que su petición afecta a derechos de terceros, por lo que con fecha de este jueves, 10 de septiembre, se les ha dado traslado "para que realicen alegaciones sobre la solicitud de acceso a dicha información", para las que disponen de un plazo de respuesta de 15 días hábiles. Así el Gobierno ha enviado esta breve notificación el día que se cumplía el plazo fijado por Transparencia, arrogándose 15 días más para dar otra respuesta.
En la resolución no se señala nada respecto el número de expertos del citado comité sobre el covid, un dato que también fue requerido por el abogado reclamante y que no supone que se trate de una información que deba entenderse que afecte a terceras personas o a sus derechos o intereses.
No obstante, el Consejo de Transparencia fue muy claro al respecto: "No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salid pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de covid-19".
El CTBG señaló que no considera aplicable "el límite de la protección de datos invocado por la administración" porque al ser "datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido", el Ministerio de Sanidad, "prevalece el derecho de acceso a la información pública".
A este respecto, citó una sentencia de 2017 de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid para destacar que el derecho a la información no solo es "esencial" en democracia, sino que "las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos, por lo que toda la información que generan y poseen pertenece al ciudadano".
Illa eludió contestar en el Congreso
Poco antes de la notificación de Sanidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en el Congreso donde eludió contestar a este asunto.
La diputada popular Ana Pastor aprovechó su primera intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para pedir al ministro que cumpla con esa resolución del CTBG. "Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité", defendió.