Hace pocas semanas, en el Parlamento británico, David Cameron, el primer ministro, pedía perdón públicamente por las negligencias, "verdaderamente espantosas", producidas a lo largo de la última década en 14 hospitales del sistema público de salud, y que se tradujeron en la muerte innecesaria de más de 20.000 pacientes.
Tratar de saber cuántas muertes se producen en España por errores médicos o deficiencias en la atención sanitaria es misión imposible. Mientras en el Reino Unido se han llevado a cabo cinco investigaciones para esclarecer este escándalo, y en Estados Unidos se ha creado el Committee on Quality of Healthcare in America (según el cual cada año se producen en este país entre 48.000 y 98.000 fallecimientos por negligencias), en España no hay un registro o un recuento de estos sucesos. "Desde hace años venimos solicitando a las autoridades que se hagan auditorías y se diga la cantidad de muertes que se podrían haber evitado con una atención correcta", denuncia Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente. "Lo ocurrido en Inglaterra es un acto de claridad."
Solo un 40% de los casos llegan a juicio
En España, la única aproximación que tenemos a estos datos es la memoria que cada año realiza esta asociación. Según la última de ellas, en 2012 fallecieron 692 personas por presunta negligencia médica; 89 más que en 2011. De acuerdo con sus datos: "Los casos más habituales se han producido por mala praxis: intervenciones mal realizadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias... Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y a la pérdida de oportunidad terapéutica como consecuencia de la falta de medios por los recortes sanitarios".
Pero estos datos, por sí mismos, no son sino una burda aproximación a la realidad. Como indica Carmen Flores: "Son sólo lo que nos llega a nosotros, de forma que es una cantidad ridícula a tenor de lo que pueda suceder en cada hospital. Sin temor a equivocarme, te diría que hay más muertes por negligencias médico-sanitarias que por accidentes de tráfico". Efectivamente, únicamente se recogen las denuncias presentadas en esta asociación; quedan fuera del recuento todas las que se han interpuesto por otras vías y, claro está, todas las que nunca han llegado a denunciarse: "De todas las reclamaciones que recibimos, solo un 40% llega a los tribunales. El resto no sigue adelante, bien por escasez de medios económicos, bien porque faltan muchos datos referentes a la historia clínica. Y no embarcamos a una persona en un litigio a menos que veamos que hay posibilidades reales de ganar", explica Flores.
En este punto se encuentran los familiares de Jesús R. S., de 63 años, que falleció hace unas semanas en Móstoles (Madrid). "Estuvo durante un año con hematuria (expulsando sangre por la orina) y en el hospital sólo le decían que tenía una piedra en el riñón. Fue un montón de veces a urgencias, hasta que al final diagnosticaron que tenía un cáncer de vejiga en fase 2; le quitaron la próstata y la vejiga, pero no le dieron ni quimioterapia ni radioterapia. Y cuando, poco después, comenzó a tener unos terribles dolores en la pierna, fue reiteradamente a urgencias, en donde le decían que era una hernia lumbar. Fuimos a otro médico, que hizo un informe explicando que tenían que ingresarle. Cuando le abrieron, vieron que tenía un cáncer que le estaba invadiendo, y en 10 días se murió", relatan sus familiares. Estos han solicitado al hospital la historia clínica completa del paciente, y están a la espera de que se la entreguen para, así, estudiar las posibilidades de presentar una demanda.
El secretismo hospitalario
Conseguir la historia clínica es el primer paso. En este sentido, explica María Antonia Moral, presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias: "Sí se ha avanzado en los últimos años. Cuando mi hermana falleció, tuve que encerrarme en el hospital o meterme en el ministerio con una lata de gasolina, para conseguir que me dieran su historia. Ahora te la entregan en todas las comunidades; sólo en Andalucía tienes que pedirla judicialmente".
Avinesa es una asociación fundada por personas afectadas por negligencias médicas, entre las que se encuentra Juana Ortega, la "madre coraje" que acampó durante un año en una plaza madrileña para pedir justicia tras la negligencia que dejó a su hijo en estado vegetativo.
Después viene la dificultad de conseguir demostrar que, efectivamente, ha habido un error, un fallo de una persona o del propio sistema. "Te das contra un muro", explica Matilde Fernández, cuyo hijo nació muerto después de que ella fuera en dos ocasiones a urgencias porque se encontraba mal: "Cuando finalmente me hicieron caso, ya no había latido. Pero ahora hay que demostrar que hay una relación de causalidad entre la muerte de mi hijo y el retraso en la atención".
"Desde 1997 no llevo otros casos que los de negligencias médicas", señala el abogado Rafael Martín Bueno. "Y en todos estos años, todavía no he visto un jefe de servicio que haya hecho un informe diciendo que alguien de su equipo lo haya hecho mal. Nunca. Los hospitales tienen una comisión de mortalidad que investiga las muertes y dirime si ha habido o no una negligencia. Pero nunca trasciende".
Muy distinta es la situación en EEUU. Allí, un informe realizado en 1998 por el Institute of Medicine, y que se titulaba Errar es humano, llevó al Gobierno norteamericano a la creación de un comité en el que colaboran destacadas figuras de la política, de la administración sanitaria y de sociedades científicas, y que ha destapado que una cuarta parte de los pacientes ingresados sufre algún tipo de negligencia médica. Asimismo, un estudio de la Universidad de Harvard ha estimado que el número de fallecidos por negligencias médicas equivaldría a que se estrellaran tres jumbos cada dos días y murieran todos sus ocupantes.
La práctica de la medicina defensiva
En España, a falta de ese observatorio, contamos con el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (Estudio ENEAS), realizado en 2005 y dirigido por Jesús Aranaz, del departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De acuerdo con este estudio, la incidencia de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en nuestros hospitales es del 9,3%, similar a la de otros países europeos. Y casi la mitad de estos efectos adversos (el 42,8%) podrían ser evitables. En este sentido, la doctora Mónica Lalanda, en su artículo Error médico. De hombres, avestruces y asnos, tras señalar que la mitad de los errores médicos son evitables, expone que: "Para crear estrategias contra el riesgo de errores, primero hay que identificarlos. Desafortunadamente, el sistema sanitario español continúa en su mayoría anclado en la era arcaica del corporativismo. Los errores se cometen, pero se tapan. No se facilita al sanitario un ámbito en el que pueda reconocer su error sin miedo a la represalia".
Pero también señala que "el paciente español ha dejado de tolerar actitudes paternalistas", lo que ha propiciado que las demandas por errores médicos se hayan cuadruplicado en la última década. Así, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña y autor de Responsabilidad civil del médico y responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, señala que "cada año hay 100.000 nuevas contiendas sobre negligencias médicas que se tienen que dirimir en los juzgados". Esto estaría llevando, continúa, "a que un 70% de médicos y enfermeras practiquen la medicina defensiva. No tomar decisiones de riesgo por miedo a las reclamaciones, sometiendo al paciente a multitud de pruebas para que no queden cabos sueltos", explica Janeiro.
Aun así, señala el abogado Martín Bueno: "El nivel de los médicos españoles es bueno. Desde mi experiencia, las negligencias médicas rara vez se dan por falta de capacitación; casi siempre se deben a descuidos". El problema, argumenta la presidenta de Avinesa, es que "las negligencias se ocultan, lo que lleva a que los errores se vayan repitiendo. Si ha habido un fallo, lo primero debería ser comunicarlo, tanto a la dirección del hospital como a los familiares, o al propio paciente si no ha fallecido. Decirlo, disculparse y acudir al seguro de responsabilidad civil, aunque, cuando hay una muerte, a las víctimas no nos interesa la indemnización, sino saber la verdad".
Con respecto a las indemnizaciones, Martín Bueno se pregunta: "¿A quién beneficia que desde los hospitales nunca se reconozca culpa alguna? A la compañía aseguradora. Si ha habido un error, ¿no es más lógico admitirlo? La demanda no va contra el médico, sino contra el servicio de salud, y eso permitiría que quien ha sufrido una negligencia tenga una indemnización, mientras que ocultándolo quienes se benefician son los accionistas de la aseguradora".
Los errores cuestan caros
Cada vez se interponen más demandas judiciales por negligencias. Estos son unos ejemplos de las condenas que imponen los tribunales
Una trombosis de 30.000 €
La Consejería de Sanidad valenciana fue condenada a pagar dicha cantidad a la familia de una paciente ya fallecida que perdió una de sus piernas después de que en el hospital La Fe de Valencia no le detectaran una trombosis.
95.000 €
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Consejería de Sanidad a pagar 95.000 euros a J.A.P.H., un paciente que perdió los dedos de los pies por un error de diagnóstico. El hospital no detectó a tiempo la neumonía que sufría y este retraso provocó la amputación.
4 años de inhabilitación
Un cirujano del Hospital Virgen del Consuelo de Valencia fue condenado a un año y medio de prisión además de la inhabilitación por la muerte de un paciente tras una negligencia en operación de reducción de estómago. El médico, condenado por un delito de homicidio imprudente, también deberá pagar 161.116,17 euros a la viuda del fallecido.
892.827 €
Esta indemnización la dictó en 2002 un juzgado de Barcelona por un caso de infección hospitalaria en una clínica privada. El paciente contrajo una terrible infección bacteriana tras una intervención de hernia discal y no fue detectada ni diagnosticada hasta nueve días después.
30.000 €
La Comunidad de Madrid fue condenada a pagarlos a una mujer que tenía un carcinoma en un pecho, y a la que se le aplicó un tratamiento erróneo consistente en cremas que al final tuvo que ser atajado con una mastectomía.