En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que al Ejecutivo le preocupa "la seguridad y la limpieza" de los próximos procesos electorales y, por tanto, ya ha celebrado en las últimas semanas las reuniones internas necesarias para "garantizar la pulcritud" de estos comicios en materia de ciberseguridad.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, también el Consejo de Seguridad Nacional ha abordado la incorporación de España al plan de acción europeo contra la desinformación, que pretende crear un sistema de "alertas rápidas" para que, ante una noticia falsa, los ciudadanos pueden ir recibiendo de forma casi instantánea el correspondiente desmentido, según ha precisado Calvo.
Ha señalado asimismo que el Gobierno se suma a esta "coordinación europea" en respuesta a la preocupación que muestra "casi el 80 por ciento de españoles" por la veracidad de las noticias que circulan en las redes y ante la necesidad de asegurar el derecho constitucional a obtener información veraz. Porque, como todos sabemos, no hay nada como un Gobierno de izquierdas para vigilar que la información sea veraz y nada partidista.
La histeria sobre las noticias falsas comenzó como una de las excusas que buscaron los demócratas para la derrota de Hillary Clinton en 2016. En respuesta, grandes de internet como Facebook han empezado a colaborar con servicios de fact-checking para etiquetar enlaces a noticias o vídeos de YouTube con las supuestas "versiones correctas" de la información. El problema es que muchos de los servicios con los que colaboran, aunque son útiles para marcar como tales los bulos más obvios, están lejos de ser objetivos y muchas veces el etiquetado de algo como falso es más que discutible, como ha dejado clara la decisión de incluir a Newtral, empresa de Ana Pastor, como verificador oficial de la veracidad de la información.