Airbnb ha decidido eliminar de su plataforma todos los alojamientos israelíes situados en los territorios en disputa en la Franja Occidental, aproximadamente doscientos en total. Se trata de una decisión sin precedentes y que no se aplica a los numerosos territorios en situación similar en el resto del mundo, como las diversas regiones que Rusia ha ido ocupando a lo largo de los últimos años en Ucrania y Georgia. Se pone así al nivel de la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que reservan sus condenas sólo a Israel, obviando violaciones de soberanía y de derechos humanos varios órdenes de magnitud por encima de aquellas a las que se le puede acusar al Estado judío.
Esta doble vara de medir es difícil de entender si se obvia lo extendido que está el antisemitismo en el mundo, y así lo ha entendido el ministro de Turismo, Yariv Levin, al calificar el boicot como "racista", "completamente inaceptable" y "pura discriminación" en declaraciones recogidas por el Jerusalem Post. "Además, vamos a restringir las actividades de Airbnb aquí. Si practicas una política de discriminación contra los israelíes, no puedes ganar dinero en Israel. Probablemente gravemos con un impuesto muy alto las actividades de Airbnb en Israel", añadió.
La amenaza no se queda ahí. Esta decisión ha reanimado una iniciativa legislativa en Estados Unidos que busca castigar a las empresas que se sumen al llamado movimiento BDS (Boicot-Desinversión-Sanciones). Aunque ya existen decenas de normas a nivel estatal que prohíben al Gobierno contratar o participar en empresas que discriminen en base a la nacionalidad de origen o lugar de residencia, varios legisladores han apoyado en los últimos años diversas redacciones de una ley que castigaría penalmente la participación de cualquier entidad estadounidense en boicots internacionales.
La decisión de Airbnb se ha producido tras el envío de una carta del secretario general de la OLP, Saeb Erekat, en la que exigía a la compañía que dejara de ofrecer pisos turísticos en las zonas que las autoridades palestinas reclaman como propias. La presión de grupos extremistas a favor del boicot ha tenido pocos éxitos concretos, el más notable de los cuales es el fabricante de refrescos SodaStream, que para evitar problemas decidió mover su fábrica de Cisjordania a Israel, dejando a sus trabajadores palestinos sin empleo. A nivel político, la Unión Europa ha decidido obligar a etiquetar los productos producidos en la Franja Occidental como procedentes de "Territorios ocupados en Palestina" para facilitar el boicot internacional, obligando a muchas empresas israelíes situadas en la zona a vender sus productos en Rusia.
Human Rights Watch, por su parte, ha mostrado en un comunicado su satisfacción por la decisión, que ha considerado "una postura contraria a la discriminación, el desalojo y la confiscación de tierras". Además, ha señalado a Booking.com como la siguiente en la lista. Lo que no menciona es que una consecuencia de este tipo de decisiones es negar en la práctica el servicio de alojamiento en Cisjordania a los judíos de todo el mundo, que sólo pueden entrar en las localidades palestinas a riesgo de su propia vida, hasta el punto de que tienen prohibido entrar en la llamada Zona A –las localidades cuya seguridad está a cargo de la Autoridad Nacional Palestina– desde octubre del año 2000.