The Lawfare Project es una organización ubicada en Nueva York y que se dedica a luchar contra "el abuso de la ley usado como arma para combatir el sistema democrático", tal y como explican en su propia web. Entre los objetos de su lucha, que siempre se desarrolla en el terreno legal y en los juzgados, han estado los boicots contra Israel, diversos casos de discriminación antisemita o la aplicación perversa de determinadas leyes para favorecer a organizaciones terroristas.
Entre sus últimos litigios han estado casos con cierta relevancia como una demanda a Kuwait Airlines porque no admitía pasajeros de nacionalidad israelí en sus vuelos y también han colaborado con la serie de demandas contra el BDS en los ayuntamientos que se han desarrollado con singular éxito en nuestro país.
Quizá por esa experiencia previa, el nuevo proyecto de The Lawfare Project se va a desarrollar precisamente en España, tal y como ha explicado este lunes en una reunión con un grupo de periodistas en Madrid su directora ejecutiva, la abogada y documentalista Brooke Goldstein.
Se trata de una serie de acciones para obligar a empresas como Google, Twitter o Yahoo a ser más activas contra el discurso del odio o, más concretamente, contra los mensajes o las páginas que incluyan mensajes que sean claramente delictivos por promover la violencia o el odio contra una minoría.
El problema no es la libertad de expresión
Los promotores de la iniciativa han querido dejar muy claro que su intención no es reducir los márgenes de la libertad de expresión –"no queremos ir contra lo políticamente incorrecto o aquello que una mayoría pueda considerar ofensivo", explicaba el abogado Ignacio Palacios- sino sólo contra el discurso de odio que "ha crecido un 30% en sólo un año". Como ejemplo del tipo de contenido que se perseguirá se han citado comentarios en redes sociales que "decían que era mejor estrangular a los judíos porque no merecen que se gasten balas".
El método que han elegido también es novedoso: no se va a actuar contra el autor del contenido en cuestión, sino contra la red social en la que se haya publicado para que lo borre o, en su caso, contra los buscadores para que eliminen los enlaces de sus resultados. En este sentido, además, sólo actuarán legalmente si las empresas desoyen los requerimientos previos que se les harán llegar y que, de hecho, en algunos casos se les han hecho llegar ya.
Sin embargo, desde The Lawfare Project no se tiene mucha confianza en la eficacia de estos requerimientos amistosos: "Por ejemplo, actualmente Twitter sólo responde a un 36% de las quejas sobre este tipo de contenido y, generalmente se enfrentan más a usuarios ofensivos o políticamente incorrectos que a gente que niegue el Holocausto, por ejemplo".
Brooke Goldstein nos pone otro ejemplo: "Si dices que hay que eliminar o echar a los gitanos, eso es ilegal", explica, recordando que los delitos de odio deben circunscribirse a aquellos aspectos que no son fruto de opiniones o decisiones, sino "aquello que la gente no puede cambiar en su vida: la raza, el género o el país en el que has nacido".
En las próximas semanas se empezarán a iniciar algunos procedimientos legales para los que The Lawfare Project contará con un equipo de expertos legales en España y, por supuesto, con el apoyo y la experiencia legal de toda la organización y los más de 350 letrados que la forman en varios países del mundo.