Los procedimientos penales contra los sitios web que vulneran derechos de autor no suelen llegar a nada. La razón es que quienes crean y mantienen la web y cobran los ingresos publicitarios no son los mismos que quienes suben los contenidos. De ahí que de un tiempo a esta parte se hayan creado engendros legales como la Ley Sinde o la Ley Lassalle para intentar frenar la actividad de los sitios web de enlaces.
El caso de Youkioske, en cambio, es distinto. Pero no porque la actividad de colgar en internet periódicos y revistas completos sea diferente de la más habitual de subir enlaces a películas y series, sino porque la Audiencia Nacional ha considerado probado que eran los propios responsables de la página quienes subían los contenidos. O, para ser exactos, quienes pagaban a un grupo de cinco ucranianos para que lo hicieran por ellos. Por esa razón les ha sido aplicable el artículo 270 del Código Penal, con el agravante indicado en el artículo 271.b por la cantidad de contenidos subidos. En total, unas 17.000 ediciones de periódicos y revistas de todo el mundo, por lo que tuvieron unos ingresos acreditados de 196,280,71 euros, cifra que ahora les será requisada.
Aunque la sentencia es novedosa, no es debida, como se ha publicado en algunos medios, a la aplicación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual aprobada hace muy pocos meses, sino a que se han dado las circunstancias que permiten aplicar estos artículos del Código Penal de 1995. Lo habitual es que quienes crean la página web y reciben los ingresos publicitarios no sean las mismas personas que suben enlaces a contenido protegido. O, al menos, no se pueda probar que lo sean.
Además, tampoco han sido condenados los tres acusados, sino dos de ellos (David González Hernández y Raúl Antonio Luque Gutiérrez), mientras que ha sido absuelto Óscar, hermano del primero, que pese a crear la empresa que regentaba Youkioske no se han encontrado pruebas de que participara o conociera siquiera la actividad ilegal de los condenados. También han sido condenados a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesiones de administrador de servidores y páginas web y gestor de contenidos en dichas páginas durante cinco años.