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Víctor Domingo: "Los inversores se lo pensarán dos veces antes de hacer negocios en internet en España"

El presidente de la Asociación de Internautas carga contra la Ley de Protección Intelectual y denuncia la "inseguridad jurídica" que genera.

"Es la criminalización del enlace", denuncia en Libertad Digital el presidente de la Asociaicón de Internautas, Víctor Domingo. "Ya lo advertimos cuando la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) se estaba desarrollando".

Domingo ha señalado que la decisión de Google de cerrar su servicio de noticias en España consecuencia de una LPI que negociaron "la vicepresidenta del Gobierno y la asociación AEDE y CEDRO, como gestor de estos dineros". Ahora que Google cierra su servicio, "estamos en situación de inseguridad jurídica total. Si google no paga, ¿quién va a pagar? Pues si el Gobierno no rectifica en estos próximos quince días lo que posiblemente va a suceder es que intentará sacarle el dinero a la gente que ponemos enlaces en nuestros blogs, redes sociales, etc".

El acuerdo con CEDRO y AEDE llegó justo antes del Consejo de Ministros que aprobaba al LPI y en el que se introdujo la "tasa Google" en el último minuto. Una decisión que ya ha supuesto "el cierre de webs de enlaces", recuerda Domingo, quien teme que "esta ley puede suponer que muchos inversores y empresarios que quieran hacer negocios en internet en España se lo piensen dos veces antes de meter un solo euro en este país".

Por otro lado, también recuerda que ya no será un juez quien decida sobre la pertinencia o no de pagar el canon, sino que será la llamada "comisión Sinde" la que decidirá quién y cuánto tiene que pagar, en caso de que no exista acuerdo entre las partes. Una comisión que resta, según Domingo "libertades civiles y afecta a la sociedad de la información".

Además, Domingo se queja de que haya sido exclusivamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quien redacte la LPI y que no se haya contado ni con el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones ni con la opinión del Ministerio de Industria.

Finalmente, recuerda que esta ley "nace muerta" porque la UE está dirimiendo una directiva sobre este asunto que saldrá en un año y "el Gobierno entonces tendrá que adaptar la legislación a la directiva comunitaria".

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