Aprobada la Ley de Propiedad Intelectual, que permite perseguir a quien descargue películas

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente con los votos del PP la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tras incorporar las enmiendas del Senado. La ley, aprobada por 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, entrará en vigor el próximo 1 de enero y establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.

Los grupos de la oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso, mientras que el grupo popular ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.

La reforma ha recibido también críticas de compañías de internet como Google y Menéame y de organizaciones de usuarios como la Asociación de Internautas. Por su parte, la industria cultural ha protagonizado movilizaciones contra lo que ha denominado la ley Lassalle, en referencia al secretario de Estado de Cultura, por parecerle insuficiente.

Canon AEDE o tasa Google

La principal novedad incluida en esta Ley es el conocido como canon AEDE, que otorga a las empresas editoras de noticias un derecho irrenunciable a ser compensadas económicamente por los agregadores de contenidos por enlazarles empleando titulares o pequeños fragmentos de texto. La norma se denominó originalmente "tasa Google" porque estaba pensada para obligar a Google a pagar una mordida a los medios de comunicación, pero puede afectar a otros sitios web como Menéame o incluso a redes sociales como Facebook y Twitter.

Menéame "quizás deba emigrar a otro país para poder asegurar su supervivencia, y ni así estamos seguros", recordó uno de sus socios fundadores, Ricardo Galli, en un artículo en Libertad Digital, en el que también resaltó la ironía de que la mayoría de los medios incluyan iconos para enviar sus noticias al agregador.

Por su parte, Google ya ha insinuado que probablemente decida cerrar su servicio News en España, hurtando a los medios de una fuente de visitas. En un comunicado afirma estar "decepcionada" por la aprobación de la ley y ha anunciado que valorará sus "opciones en el marco de la nueva reglamentación". "Estamos decepcionados con la nueva ley, porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web", ha indicado la empresa estadounidense en un comunicado.

CEDRO sería la entidad de gestión encargada de recaudar este canon, que cobrarán en nombre de todos los medios, incluyendo aquellos que no quieran esos ingresos por oponerse a la medida. Al ser un derecho irrenunciable, negarse a cobrar sólo significaría que CEDRO se quedaría con el dinero.

Cierre administrativo de sitios web

La nueva ley establece multas de hasta 600.000 euros para las web que ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor, incluyendo salvedades para que los buscadores estén exentos. Una comisión gubernamental podrá perseguir a estas web sin necesidad de permiso judicial e incluso podrá perseguir a proveedores de alojamiento o servicios de pagos para forzarles a que rompan sus tratos con estas web.

La norma también permitirá que se persiga a los usuarios, y no sólo a los sitios web, mediante la reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Anteriormente, las operadoras de telefonía sólo podían identificar a un usuario en un proceso penal, pero ahora deberán dar esos datos también sobre los usuarios que hayan descargado algún contenido protegido por derechos de autor durante un proceso civil. Eso significa que se podría obligar a dichos usuarios a pagar por lo que han descargado.

El canon a las universidades

CEDRO se aprovechará de otro canon que se impone a las universidades por utilizar materiales académicos en campus virtuales, aunque estén bajo licencias libres. Los centros tendrán que pagar 5 euros por alumno al año, lo que supondría 8 millones de euros en total para la conocida como "SGAE de los libros", según el abogado Javier de la Cueva. Un dinero que ya sea por el incremento de tasas o porque las universidades públicas pongan el dinero, será pagado en último término por alumnos y contribuyentes.

La norma también mantiene el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una medida transitoria hasta que legisle al respecto la Unión Europea. En lo que se refiere a las entidades de gestión de derechos de autor, se regula un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago por parte de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.