L D (Nacho G. Mostazo) En 1994 se aprobó en Estados Unidos la Ley CALEA (en español, Ley de Asistencia en Comunicaciones para los Cuerpos de Seguridad), que estableció, entre otras medidas, la obligación de que los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de equipos informáticos incluyeran dispositivos de vigilancia para facilitar el trabajo a las agencias policiales autorizadas a “pinchar” las comunicaciones de los ciudadanos. Tras esta nueva norma estaba la Oficina Federal de Investigación (FBI), interesada en no perder acceso a los más modernos sistemas de comunicación en el caso de que tuvieran que intervenir las comunicaciones de un ciudadano con una orden judicial. Sin embargo, tras los atentados del 11-S se aprobó en EEUU una nueva norma, la Ley PATRIOT, que superó a su antecesora dándole al FBI un acceso casi sin restricciones a cualquier comunicación.
En ese intervalo, el FBI ha conseguido extender su influencia a todos los países aliados de los Estados Unidos. Desde 1993, antes incluso de que se aprobara la Ley CALEA, inició una campaña de presión internacional a través de una organización llamada ILETS (en español, Seminario Internacional de Telecomunicaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado). Invitó a varios cuerpos policiales de diferentes países a que se unieran a ILETS, entre los que se encontraba España . Detrás del FBI, aunque en la sombra, se encuentra la todopoderosa Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dedicada al espionaje exterior y que opera, entre otros sistemas, la controvertida red Echelon . El objetivo de estas dos agencias era, en esencia, extender las mismas medidas aprobadas en EEUU al resto de países del mundo.
Desde 1993, el resto de miembros de ILETS han venido aceptando todas las iniciativas que se han puesto en marcha desde este seminario. Así, en Europa también se han aprobado normas que facilitan el acceso de los cuerpos de seguridad a las comunicaciones de los ciudadanos, a través de estándares en la fabricación de teléfonos, móviles y hasta ordenadores. Estas medidas desembocaron, finalmente, en una Directiva del Parlamento Europeo, aprobada en mayo de 2002, relativa al “tratamiento de los datos personales”. Su artículo 15, introducido a última hora por los ministros de Justicia e Interior de la UE, menciona las “excepciones” a la protección de la intimidad y afirma que los Estados miembros están autorizados a intervenir las comunicaciones y a retener los datos de tráfico cuando se trate de “una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos”.
En España, esta Directiva europea –inspirada por el FBI y la NSA a través de ILETS– se traspuso de inmediato en la LSSICE, cuando el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, introdujo una enmienda con el apoyo del Grupo popular en el Senado. De este modo, el artículo 12 de la LSSICE, aprobada el 11 de julio y que entrará en vigor este sábado 12 de octubre, obliga a los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones a “retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones” de sus abonados. Este embargo de datos no superará los doce meses y las autoridades podrán usarlo “para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional”. Esta medida concreta ha soliviantado a la comunidad internauta. Algunos portales están llevando a cabo campañas para conseguir llevar la LSSICE al Tribunal Constitucional, ya que consideran vulnerado su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Según una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Libertad Digital en exclusiva , el Gobierno español reconoce que representantes del Cuerpo Nacional de la Policía han participado en ILETS desde sus inicios. Se trata de la respuesta a una pregunta planteada por el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella. En el documento, el Gobierno reconoce que los mismos asistentes a ILETS son quienes también participan en las instituciones europeas que redactan las normas que han venido aprobándose en los últimos años sobre investigación policial en la Unión Europea y, por tanto, también están detrás de la retención de datos promulgada en la Directiva europea que dio lugar al artículo 12 de la LSSICE. Pero lo más curioso es que el Ejecutivo no responde a una pregunta clave: ¿quién organiza estos encuentros? En ningún momento se menciona al FBI ni a la NSA norteamericana como los inspiradores del seminario ILETS.
No obstante, el Gobierno alude a que estas reuniones policiales internacionales sirven para mejorar la cualificación de la Policía española a la hora de perseguir a los delincuentes. El objetivo es no quedarse atrás. Todas las medidas que se han tomado hasta ahora, incluida la retención de datos, tiene como objetivo la persecución de la delincuencia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, según han dicho en repetidas ocasiones las autoridades españolas, pero los participantes en ILETS también han permitido que la NSA tenga un acceso sin restricciones a cualquier comunicación que se produce en el mundo. Esta agencia, que opera una red de espionaje global, sólo tiene prohibido por ley acceder a las comunicaciones de los ciudadanos norteamericanos, pero su misión oficial es obtener información interceptando las comunicaciones en el extranjero. Por tanto, eso significa que, a través de ILETS, los EEUU han conseguido que las comunicaciones de cualquier ciudadano en el mundo sean totalmente transparentes para los sensores de la NSA.
En ese intervalo, el FBI ha conseguido extender su influencia a todos los países aliados de los Estados Unidos. Desde 1993, antes incluso de que se aprobara la Ley CALEA, inició una campaña de presión internacional a través de una organización llamada ILETS (en español, Seminario Internacional de Telecomunicaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado). Invitó a varios cuerpos policiales de diferentes países a que se unieran a ILETS, entre los que se encontraba España . Detrás del FBI, aunque en la sombra, se encuentra la todopoderosa Agencia de Seguridad Nacional (NSA), dedicada al espionaje exterior y que opera, entre otros sistemas, la controvertida red Echelon . El objetivo de estas dos agencias era, en esencia, extender las mismas medidas aprobadas en EEUU al resto de países del mundo.
Desde 1993, el resto de miembros de ILETS han venido aceptando todas las iniciativas que se han puesto en marcha desde este seminario. Así, en Europa también se han aprobado normas que facilitan el acceso de los cuerpos de seguridad a las comunicaciones de los ciudadanos, a través de estándares en la fabricación de teléfonos, móviles y hasta ordenadores. Estas medidas desembocaron, finalmente, en una Directiva del Parlamento Europeo, aprobada en mayo de 2002, relativa al “tratamiento de los datos personales”. Su artículo 15, introducido a última hora por los ministros de Justicia e Interior de la UE, menciona las “excepciones” a la protección de la intimidad y afirma que los Estados miembros están autorizados a intervenir las comunicaciones y a retener los datos de tráfico cuando se trate de “una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos”.
En España, esta Directiva europea –inspirada por el FBI y la NSA a través de ILETS– se traspuso de inmediato en la LSSICE, cuando el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, introdujo una enmienda con el apoyo del Grupo popular en el Senado. De este modo, el artículo 12 de la LSSICE, aprobada el 11 de julio y que entrará en vigor este sábado 12 de octubre, obliga a los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones a “retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones” de sus abonados. Este embargo de datos no superará los doce meses y las autoridades podrán usarlo “para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional”. Esta medida concreta ha soliviantado a la comunidad internauta. Algunos portales están llevando a cabo campañas para conseguir llevar la LSSICE al Tribunal Constitucional, ya que consideran vulnerado su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Según una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Libertad Digital en exclusiva , el Gobierno español reconoce que representantes del Cuerpo Nacional de la Policía han participado en ILETS desde sus inicios. Se trata de la respuesta a una pregunta planteada por el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella. En el documento, el Gobierno reconoce que los mismos asistentes a ILETS son quienes también participan en las instituciones europeas que redactan las normas que han venido aprobándose en los últimos años sobre investigación policial en la Unión Europea y, por tanto, también están detrás de la retención de datos promulgada en la Directiva europea que dio lugar al artículo 12 de la LSSICE. Pero lo más curioso es que el Ejecutivo no responde a una pregunta clave: ¿quién organiza estos encuentros? En ningún momento se menciona al FBI ni a la NSA norteamericana como los inspiradores del seminario ILETS.
No obstante, el Gobierno alude a que estas reuniones policiales internacionales sirven para mejorar la cualificación de la Policía española a la hora de perseguir a los delincuentes. El objetivo es no quedarse atrás. Todas las medidas que se han tomado hasta ahora, incluida la retención de datos, tiene como objetivo la persecución de la delincuencia y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, según han dicho en repetidas ocasiones las autoridades españolas, pero los participantes en ILETS también han permitido que la NSA tenga un acceso sin restricciones a cualquier comunicación que se produce en el mundo. Esta agencia, que opera una red de espionaje global, sólo tiene prohibido por ley acceder a las comunicaciones de los ciudadanos norteamericanos, pero su misión oficial es obtener información interceptando las comunicaciones en el extranjero. Por tanto, eso significa que, a través de ILETS, los EEUU han conseguido que las comunicaciones de cualquier ciudadano en el mundo sean totalmente transparentes para los sensores de la NSA.