La lengua de terreno que ha creado la lava en La Palma al caer al mar ya tiene dueño: el Estado. De acuerdo con la Ley de Costas, el delta es ya automáticamente dominio público marítimo terrestre. Según esa normativa, pertenecen al dominio público marítimo terrestre estatal los terrenos o islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en las aguas interiores de los ríos, hasta donde se hagan sensibles las mareas. Por tanto, estos terrenos que previsiblemente ganará el dominio público marítimo terrestre serán inalienables, imprescriptibles e inembargables.
La Constitución Española establece asimismo que tanto la zona marítimo-terrestre, igual que las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, están regulados por la Ley de Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional para su administración, defensa y conservación.
Según recoge Europa Press, además, en el marco de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007, las nuevas formaciones geológicas forman parte del patrimonio, de modo que se establece la obligación de su protección. Forman parte de esta especial protección elementos geológicos como rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra; así como las formas geológicas únicas, de especial importancia científica y que son representativos de la historia evolutiva geológica.
¿Qué pasa con lo que sepultó la lava?
No ocurrirá lo mismo con las propiedades sepultadas por la lava. El experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos, José Luis Barrera, ha explicado a Europa Press que los terrenos privados que queden debajo de la colada volcánica seguirán siendo de sus propietarios. "Solo será automáticamente del Estado el nuevo terreno que se genere al llegar la lava llega al mar".
Los dueños de las propiedades sepultadas ya no podrán volver a construir sobre ellos, a no ser que se modifique lo que es patrimonio geológico o histórico y "probablemente" estas hectáreas engullidas por el volcán serán declaradas zona protegida.
Asimismo, el geólogo precisa que la Ley del Suelo en vigor establece que la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.
De este texto se desprende, comenta, que ahora está en el tejado de las administraciones qué hacer con estas propiedades: si intercambian los terrenos a sus propietarios con otros nuevos, si construyen una nueva aldea o pueblo para reubicar a los afectados, en definitiva, señala que queda un proceso "complejo" por delante.
¿Un pueblo nuevo?
A su juicio, lo más "barato" es construir una pequeña aldea nueva, con casas nuevas y que se otorguen metros cuadrados similares a los que tenían previamente los propietarios.
Si bien, advierte, será muy importante determinar dónde se establece de nuevo la población porque "al lado del Cumbre Vieja saldrá otro volcán". "Esta no va a ser la última erupción, puede volver a producirse dentro de, por ejemplo, 20 años, porque el manto terrestre está muy cercano a la superficie, a unos 15 kilómetros de profundidad", insiste Barrera, que compara la distancia al manto terrestre en las islas occidentales de Canarias con, por ejemplo, los sistemas volcánicos del Campo de Gibraltar, donde la corteza terrestre es de unos 35 kilómetros de espesor.