La idea empezó a circular en noviembre cuando el think-tank británico Chatham House, especializado en relaciones internacionales, publicó un artículo en colaboración con la Universidad de Glasgow en el que aseguraba que la ganadería era responsable del 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una cifra comparable a la del transporte por carretera. El estudio afirmaba que los gobiernos debían llevar la iniciativa y que estaban sobrevalorando la resistencia de la opinión pública a los esfuerzos por reducir emisiones a través de la dieta. Y proponía una forma de vender el producto: emplear la excusa de mejorar la salud y reducir los costes sanitarios.
Y eso es exactamente lo que acaba de hacer un estudio publicado en BMC Public Health por científicos de las universidades de Oxford y Reading. Aunque las consecuencias en la salud de los distintos alimentos siguen siendo en buena medida una incógnita, el informe cuantifica el resultado en vidas salvadas y toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera de distintos escenarios. Y dado que el principal daño a la salud no viene de la carne sino de los azúcares, al final concluye que habría que implantar un impuesto a la carne para salvar al planeta y otro a los azúcares para salvar vidas.
Según el autor principal del estudio, Adam Briggs, la propuesta afectaría sobre todo a las carnes de ternera y cordero, que subirían entre 2,20 y 2,35 euros por kilo y aumentarían los ingresos del fisco británico en unos 4.700 millones de euros al año. El aumento sería suficiente como para cambiar los hábitos de consumo y desincentivar la producción de carne. Pero para obtener la mayor parte de los beneficios a la salud anunciados, de hasta 2.000 vidas al año, habría que incluir otro impuesto de un 20% a los azúcares. Sin éste último, la estimación de vidas salvadas sería de 300 al año.
Incluso su propio coautor, Richard Tiffin, no termina de estar de acuerdo con la idea. Cree que hay que poner al otro lado de la balanza los perjuicios a los ganaderos y a los consumidores con menor poder adquisitivo. Para Tiffin, los resultados del estudio demuestran que este impuesto "es una mala idea" y considera que hay que emplear métodos menos contundentes, como investigar las razones que llevan a los consumidores a escoger una u otra dieta y actuar sobre factores algo más específicos.