Carlota Prado hace público el acuerdo extrajudicial que le ofreció la productora de 'Gran Hermano'

Zeppelin Tv, productora de Gran Hermano, ha conformado las informaciones que han surgido en las últimas horas: tal y como desveló Carlota Prado en sus redes sociales, se le habría ofrecido un acuerdo extrajudicial que ella habría rechazado. Una oferta de 25.000 euros y "una oportunidad de desarrollo profesional" como compensación por la supuesta violación que sufrió en la casa de Guadalix de la Sierra.

La empresa reconoce haber ofrecido este acuerdo como forma "de ayudar a la afectada en el proceso legal y en su recuperación psicológica siempre bajo la premisa de buscar una solución lo menos lesiva para ella y tratar de asistirla en el largo proceso legal que todavía queda por delante". Desde la productora, lamentan que la exconcursante lo haya interpretado "de otra manera". En el comunicado que han emitido se recuerda que durante el tiempo que duró el concurso, las muestras de Carlota hacía el equipo directivo y de psicólogos siempre fueron de total agradecimiento y cercanía".

Aún así, respetan "el cambio de opinión" de la concursante: "Por ello Zeppelin se ha volcado en intentar ayudarla, primero ofreciendo asistencia psicológica y ahora profesional y económica". Del mismo modo señalan que en el proceso penal en marcha "no está investigada ni la productora ni sus miembros" y que en ninguno de los casos se ha silenciado el suceso. Zeppelin recuerda que la dirección de GH expulsó a José María López, presunto autor de los hechos, y denunció el incidente en la Guardia Civil.

Por el momento, ambas partes continúa esperando una resolución judicial de la supuesta violación ocurrida en el año 2017, después de que la jueza decretara la apertura del juicio oral el pasado mes de febrero. La acusación pide siete años de cárcel para el acusado y una orden de alejamiento de 500 metros de Carlota, así como libertad vigilada durante los siete años posteriores. Solicitan también 100.000 euros tanto al acusado como a la productora. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y una compensación económica de 6000 euros.