Gustavo González reacciona a la sentencia de Mariló Montero y echa la culpa a los fotógrafos

Gustavo González y Diego Arrabal han sido condenados a pagar 340.000 euros por sus fotografías de Mariló Montero. La sociedad de ambos paparazzis ha sido condenada por, entre otras, las imágenes de la periodista en topless de vacaciones en Bora Bora con una amiga.

Ahora, Gustavo González, colaborador habitual de Sálvame, ha reaccionado en el directo del programa asegurando que apelarán. "Yo sigo creyendo en la justicia", ha declarado, indicando que hay que "esperar que la sentencia sea firme" para seguir con el proceso.

González se mostró optimista sobre el progreso de ese recurso en tan mediática condena: "Estoy seguro de que va a prosperar". No obstante se declaró "muy preocupado" por el devenir de los acontecimientos.

"Hay muchas cosas. Primero se demuestra que nosotros no somos los autores de ninguno de los dos reportajes. Jamás he hecho una foto a Mariló Montero. El tema llega a juicio por el reportaje de Bora Bora, que nunca se vendió o puso a la venta" y cuyas fotos "el único que las tuvo fue el director de una revista que se las facilitó a ella porque era colaboradora", dijo.

En suma, Gustavo González argumentó su inocencia preguntándose por qué Mariló "no emprende legales contra los fotógrafos" que sí hicieron las fotos.

El colaborador no quiso decir si va a poder afrontar esa deuda que aumentaría si apela. "Es contra una sociedad de la que soy responsable jurídico con otro socio", aclaró.

La sociedad de los dos paparazzis también ha sido condenada por todo lo que se derivó de esas fotografías, nunca vistas en ninguna publicación. Se les condena a pagar 50.000 euros por el reportaje de maldivas, 75.000 por el citado de Bora Bora y otros 90.000 por otros daños derivados por las "falsas insinuaciones" sobre la condición sexual de la afectada.

A esto hay que añadir 265.000 euros de indemnización para Mariló Montero y otros 75.000 para la mujer que la acompañaba, y el hecho de que la periodista también va por la vía penal, pidiendo siete años de cárcel, siete de inhabilitación y una indemnización pareja a la civil.