La guerra judicial entre Makoke y Kiko Matamoros se recrudece. Si hace unos días el colaborador tuvo que declarar ante un juez por una demanda que le puso su exmujer por amenazas, esta vez tendrán que verse las caras en una contienda contra Hacienda que podría llevar a ambos a la cárcel.
Así lo asegura la revista Lecturas, que explica que Kiko derivó la deuda que le reclama el fisco a Makoke, asegurando que era él quien pagaba la hipoteca de su casa de la elitista urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón, a pesar de que el inmueble está inscrito a nombre de su exmujer.
En el juicio con la Hacienda Pública se dilucidará la responsabilidad penal de ambos. A Kiko, responsable de la deuda, la Agencia Tributaria le pide seis años de prisión, mientras que su exmujer se enfrenta a una condena de dos años.
La decisión de Kiko Matamoros de derivar la deuda a su ex coloca a ambos en una situación muy complicada. Makoke es titular de varias propiedades, entre ellas el chalet de La Finca donde residía el matrimonio, que está en peligro si Matamoros consigue demostrar que, con intención de no hacer frente a su deuda con el fisco, lo pusieron a nombre de ella aunque era él quien se hacía cargo del pago de la hipoteca.
En ese caso, la exmodelo podría perderlo todo: tanto el que fuera su hogar conyugal como el dúplex que adquirió en Majadahonda antes de que comenzaran sus problemas con Hacienda, ambos embargados. Así, sobre el chalet de La Finca, una casa de 600 metros construidos, que la pareja adquirió en 2011, pesa una hipoteca de más de un millón de euros que vence en noviembre de 2044. Y aunque se desconocen las cargas que aún pesarían sobre el dúplex de Majadahonda, o el valor del mismo, todo indica que la venta del hogar conyugal no sería suficiente para hacer frente al millón doscientos mil euros que adeuda a Hacienda y al millón que aún debe al banco.
El problema al que se enfrentan es que, si la cantidad a pagar a la Agencia Tributaria supera los 120.000 euros por impuesto y ejercicio, Matamoros habría incurrido en un delito fiscal que conlleva pena de cárcel de uno a cinco años.