El gestor de las sociedades de Luis del Olmo acusado de apropiarse de 14,3 millones de euros del patrimonio del periodista y su familia ha admitido este lunes, en el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona, que se quedó dinero, pero ha asegurado que no lo destinó a su beneficio personal, sino a cubrir pérdidas que tenía con su medio de comunicación Don Balón.
El acusado, Rogelio R.M., era el administrador de la empresa de Del Olmo y llevaba la contabilidad y la administración de facto de Sociedad Profesional del Periodismo SL, administrada por el propio del Olmo, además de ser el administrador de la empresa editorial Don Balón, revista deportiva que entró en concurso de acreedores en 2011.
La Fiscalía lo acusa de apropiarse de los 14,3 millones entre 2005 y 2011 justificando las salidas de fondos de las cuentas de las empresas de Del Olmo como inversiones, sin que en realidad se realizasen, y que fueron destinadas a patrimonio o negocios del acusado.
Concretamente se apoderó de 8,945 millones de Producciones Lumer extrayendo los saldos de las cuentas reflejándolo como inversiones, y de Sociedad Profesional del Periodismo se llevó 5,43 millones duplicando los impuestos de Sociedades e IVA, entre otras maniobras.
El administrador ha dicho que con estas operaciones no obtuvo ningún beneficio personal y solo cubrió "las diferencias entre ingresos y gastos de Don Balón", además de asegurar que el día de su detención en agosto de 2011 entregó todo su patrimonio a Del Olmo.
Del Olmo ha explicado como testigo que tenía "una confianza tan ciega" en Rogelio R.M., amigo suyo desde hacía muchos años, que nunca le pedía justificaciones ni explicaciones de su gestión, y que desde que se conoció la estafa no ha visto ni un euro, en sus palabras.
De hecho, ha explicado que era tal la confianza que le tenía que firmaba los cheques y documentos que le aportaba en medio de su programa de radio 'Protagonistas', mientras estaba entrevistando a alguna personalidad, sin dejar de hacer preguntas a su entrevistado.
"No sabía lo que firmaba", ha abundado el periodista, que ha añadido que confiaba en su amigo tanto como en sus hijos, y, sobre las inspecciones de la Agencia Tributaria de las que fueron objeto él y sus empresas, ha dicho que no les dio importancia porque salió todo correcto. "Lo único que le pedía –a Rogelio R.M.– era tener las cuentas claras con Hacienda. Era una de mis obsesiones", ha explicado en su declaración.
Del Olmo, que ejerce de acusación particular en la causa, también acusa al que considera la mano derecha de Rogelio R.M. en su asesoría fiscal y responsable de la producción de Don Balón, Francisco L.A., al que considera cooperador necesario o encubridor, aunque la Fiscalía no mantiene acusación contra él.
Francisco L.A. ha asegurado en el juicio que no se ocupaba de las inversiones y que desconocía que las que aseguraba realizar Rogelio R.M. eran falsas, y ha afirmado que, desde que se descubrió el fraude, colaboró con la familia Del Olmo para que tuvieran acceso a toda la documentación.
Luis del Olmo González, hijo del periodista, ha asegurado durante la sesión que las inversiones que realizaba su familia solo eran rentabilidades por depósitos porque siempre rehuyeron operaciones de riesgo, y ha considerado que era "implanteable" pedir documentación acreditativa a Rogelio R.M. por la gran confianza que le tenían.
La Fiscalía también acusa al asesor fiscal de apropiarse de dinero de otros amigos y familiares aprovechándose de su confianza, superando los 600.000 euros.
La fiscal le atribuye un delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado societario de falseamiento de cuentas anuales y un delito de alzamiento de bienes por los que pide 12 años y medio de prisión y una multa de 14.760 euros, además de indemnizar a los afectados con el dinero distraído.
Luis del Olmo, a la salida del juzgado, ha dicho en declaraciones a los medios que se ha quedado tranquilo tras testificar porque ha podido explicarse y "contar todo lo que llevaba dentro", y ha tachado a su exadministrador de ser un sinvergüenza que merece 50 o 60 años de cárcel.