Tras sufrir las críticas de una clase política que le exigía que diera ejemplo, y confesándose "profundamente afectada" por la polvareda que ha levantado la gestión de su herencia familiar, la Reina Fabiola de Bélgica ha decidido renunciar a la fundación privada que tanta controversia había suscitado. Lo ha hecho público a través de un comunicado en el que no esconde el trago amargo que está viviendo: "Me pesa mucho y estoy profundamente afectada", ha admitido.
Creada el pasado mes de septiembre, la fundación Fons Pereosa era, según la propia Fabiola, una entidad destinada a ayudar a sus sobrinos en dificultades, y a apoyar obras católicas; y a ojos del Gobierno, en cambio, la triquiñuela "legal, pero inmoral" de un miembro de la Casa Real para esquivar los derechos de sucesión. El encendido debate a causa de una fundación que, según el Gobierno belga, podría buscar proteger a los sobrinos de la aristócrata del 70% de impuestos que le tocaría pagar por no tener descendencia directa se saldó con la propuesta de un castigo ejemplificador. La viuda de Balduino de Bélgica vería mermada la dotación de casi un millón y medio de euros que recibe del pequeño Estado.
Pero el vapuleo político y mediático contra la que ha sido durante décadas el símbolo de un país, y a la que su sentido del humor y su característica melena le habían valido el sobrenombre de "la muchacha de ochenta años", no se ha agotado ahí. Días después del encendido discurso del primer ministro Elio Di Rupo clamando por que "la Familia Real dé ejemplo", la reina Fabiola ha decidido renunciar a su fundación reclamando, eso sí, su inocencia y deslizando en un amargo texto que se siente víctima de "incomprensiones".
"Nunca tuve la intención de financiar esta fundación con los fondos procedentes de mi dotación, sino con los bienes que recibí en herencia de mi familia y de mi padrino", explica el comunicado. El escarmiento al que el Gobierno belga ha querido someter a su anciana reina de origen español por un asunto cuya legalidad, en realidad, nunca contestaron contrasta vivamente con la trama Urdangarín que, envuelta en indicios de actos constitutivos de delito, ha puesto a la Familia Real contra las cuerdas en España.